El Consejo de Derechos Humanos se reúne en medio de una crisis financiera

El embajador suizo Jürg Lauber el 8 de septiembre en Ginebra. Este año Suiza preside el Consejo de Derechos Humanos, un papel centrado en la coordinación. Keystone / Salvatore Di Nolfi

El principal órgano de la ONU para defender los derechos humanos celebra su última sesión anual en Ginebra. Lo hace en un contexto marcado por la crisis económica de la ONU y fuertes tensiones geopolíticas.

El Consejo de Derechos Humanos ha iniciado esta semana su última sesión anual en Ginebra. Los 47 Estados miembros del principal órgano de la ONU encargado de promocionar y defender los derechos humanos en el mundo, durante más de cuatro semanas —del 8 de septiembre al 8 de octubre—, van a examinar una larga lista de países y cuestiones que requieren su atención.

Esta asamblea se inicia en un contexto geopolítico tenso, marcado de manera especial por las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán. A lo que hay que sumar la crisis financiera que atraviesa la ONU y los proyectos de reforma que afectan —y seguirán afectando— a la labor del Consejo.

Para acortar la sesión y ahorrar en gastos —igual que se hizo durante la sesión anterior de junio— se van a reducir los tiempos de intervención y el número de delegaciones. Tal y como señaló en rueda de prensa el embajador suizo Jürg Lauber, que este año preside el Consejo de Derechos Humanos. «Cubriremos todo el programa, pero de forma más eficaz y rápida», reconoció Jürg Lauber.

Crisis de liquidez

De los 193 Estados miembros de la ONU, a principios de septiembre, solo 124 habían pagado íntegramente su cuota anual al presupuesto ordinario de la organización. En la lista no están ni Estados Unidos ni China: el primero y el segundo de los donantes principales, respectivamente. Hay quien teme que Washington simplemente no pague su parte.

Así que el Consejo de Derechos Humanos debe aplicar medidas de ahorro. Igual que debe hacerlo el resto del sistema de las Naciones Unidas, cuyos gastos se reducirán en torno a un 20 %. Esto repercute en la organización de sus sesiones y en el cumplimiento de los mandatos que establece. Así, por falta de medios, no ha podido ponerse en marcha una comisión de investigación sobre la República Democrática del Congo aprobada a principios de año.

Al preguntarle por el impacto de los recortes, Jürg Lauber dice tener «sentimientos encontrados». Aunque aplaude los esfuerzos de las delegaciones para «mejorar la eficacia del Consejo», subraya que «las medidas que restringen acceder al Consejo son contrarias a lo que [él] desearía ver, es decir, más diplomacia». Y añade que «el número de actividades y mandatos del Consejo no ha dejado de aumentar, pero hay una razón para ello: la situación de los derechos humanos en el mundo lo exige».

Ante las dificultades presupuestarias, en marzo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puso en marcha un importante proyecto de reformas denominado UN 80. Este proyecto prevé, entre otras cuestiones, deslocalizar puestos que actualmente están en Ginebra y Nueva York, así como fusionar agencias con mandatos similares.

Estas reformas afectarán a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que apoya la actividad del Consejo, pero se desconoce el impacto que podrían tener en el Consejo. No obstante, algunos Estados temen que la urgencia con la que las reformas se están llevando a cabo no permita una reflexión estratégica real sobre los cambios deseables a largo plazo.

Temor por los mecanismos de investigación

Mientras los Estados reflexionan sobre la eficacia del Consejo de Derechos Humanos, hay diplomáticos que temen que los países autoritarios aprovechen el contexto para oponerse a nuevas comisiones de investigación. Porque, si bien la mayoría de los Estados coinciden en que hay que concentrar los esfuerzos del Consejo, siguen divididos sobre el modo de hacerlo.

Las investigaciones del Consejo, que se llevan a cabo sin el consentimiento de los países afectados, son objeto de acalorados debates entre quienes denuncian su carácter invasivo y su coste —considerado excesivo— y quienes subrayan la importancia de las pruebas que recopilan.

«Es un temor», confirma una diplomática de un país europeo, quien, sin embargo, considera que varios países rechazan esta narrativa. «Estas investigaciones producen resultados. Son mecanismos que han demostrado su eficacia», apunta.

Jürg Lauber, por su parte, recuerda que el sistema de derechos humanos de la ONU solo representa en torno al 5 % del presupuesto total de las Naciones Unidas (3.720 millones de dólares para 2025), es decir, mucho menos que los gastos de los polos de paz y seguridad y desarrollo. «Si nos basamos en los mandatos existentes, un mecanismo de investigación cuesta entre 3 y 4 millones de dólares al año. Esto incluye los salarios de los asistentes de investigación, el apoyo administrativo, los desplazamientos, etc. Los titulares del mandato trabajan de forma voluntaria. No son sumas enormes, pero aun así nos enfrentamos a recortes».

Nueva retirada estadounidense

A finales de agosto, Estados Unidos anunció que no iba a participar en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, al que debía someterse en noviembre. Este proceso de evaluación por los pares y por la sociedad civil se considera uno de los principales activos del Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006, ya que garantiza que en algún momento todos los países rindan cuentas. Esta sería la primera vez que un Estado escapa a este examen. A principios de año Washington ya había dicho que se retiraba del Consejo.

Esta nueva decisión ha provocado la reacción de varias ONG, entre ellas Human Rights Watch, para quien la administración de Donald Trump demuestra un «desprecio injustificable por los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional». La ONG ginebrina International Service for Human Rights (ISHR) ha pedido a los miembros del Consejo que condenen la decisión de Estados Unidos, en particular, para «evitar un efecto dominó».

Cuestionada por el impacto que esta decisión podría tener en la credibilidad del Consejo, una diplomática con sede en Ginebra subraya que siempre han existido críticas. En su opinión, hay que «mejorar la eficacia» del sistema para preservar su legitimidad. Recuerda que el Consejo produce resultados concretos y cita el ejemplo del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, que ha permitido liberar a personas detenidas.

El programa del Consejo en breve

El programa es extenso. Durante casi cinco semanas, el Consejo va a examinar más de 60 informes y va a celebrar decenas de debates sobre numerosos temas y unos 40 Estados.

Se van a abordar cuestiones como la situación de los derechos humanos en Myanmar, Afganistán, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Venezuela, Sudán, Siria y la República Democrática del Congo. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos y numerosos países también van a tratar sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

El Consejo, asimismo, decidirá si renueva o no el mandato de la relatora especial sobre los derechos humanos en Rusia. Se esperan por lo menos 34 proyectos de resolución.

El programa completo está en la web de las Naciones UnidasEnlace externo.

Texto revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo / CW.