Justicia italiana estima inadmisible que otros administren el fármaco en suicidio asistido
Roma, 25 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional italiano declaró este jueves «inadmisible» la intervención de otra persona en la administración del fármaco letal en los casos de suicidio médicamente asistido, al analizar la petición de una mujer afectada por una esclerosis múltiple que se encuentra completamente paralizada del cuello para abajo.
Según la sentencia, el Tribunal de Florencia (centro) que presentó la cuestión de legitimidad no acreditó de forma «adecuada ni concluyente» que no existan dispositivos tecnológicos que permitan al paciente proceder por sí misma y le reprochó no haber consultado a organismos nacionales especializados como el Instituto Superior de Sanidad (ISS).
La corte florentina había recurrido al Constitucional al considerar para que la paciente, de 43 años, cumple con todos los requisitos establecidos por el propio Tribunal en 2009 para acceder legalmente al suicidio asistido, pero debido a su parálisis no puede administrarse la medicación necesaria para llevarlo a cabo.
Además, indicó que no existen en el mercado dispositivos accesibles que le permitan hacerlo de forma autónoma, como una bomba de infusión que se active con la voz, la boca o los ojos, las únicas modalidades permitidas por el estado actual de progresión de la enfermedad.
Por ello, la corte florentina planteó la posibilidad de que, en estos casos, un tercero —personal sanitario— pudiera administrar el fármaco, solicitando la revisión del artículo del Código Penal que sanciona el homicidio con consentimiento y no contempla excepciones, incluso si el paciente ha expresado su voluntad de morir.
Pese a la inadmisibilidad, el fallo reafirma que una persona que cumple con los requisitos establecidos tiene el derecho a ser acompañada por el Servicio Sanitario Nacional en el suicidio asistido, no solo en la verificación de las condiciones médicas y legales, sino también la provisión de dispositivos adecuados y el apoyo necesario para su uso.
En Italia, el suicidio asistido fue parcialmente despenalizado en 2019, tras una histórica sentencia de la Corte Constitucional que reconoció el derecho a morir con dignidad en casos específicos y pidió que legislara el Parlamento, que actualmente debate un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.
«La sentencia aclara definitivamente el papel del Sistema Ssanitario, al establecer que tiene el deber de acompañar a quienes, cumpliendo con los requisitos, optan por el suicidio asistido”, dijo el senador Alfredo Bazoli, del Partido Demócrata (PD), el mayor de la oposición.
Según Bazoli, esto implica que el proyecto de ley del Gobierno debe incluir explícitamente la participación activa del sistema sanitario en estas situaciones.
El pasado miércoles, dos días después de su muerte, la periodista Laura Santi, la novena persona en acceder al suicidio asistido en Italia, pidió a los parlamentarios que se comporten como «seres humanos» y «que se preocupen por el sufrimiento de los enfermos más graves», en un videomensaje divulgado por su esposo.
Tras relatar detalladamente los efectos de la esclerosis múltiple que sufrió durante tres décadas, Santi, de 50 años, les instó a no aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, que calificó de «nefasto» y que las organizaciones que luchan por la eutanasia aseguran que «privatiza» el suicidio asistido al excluir a la Sanidad pública del proceso.
La ausencia de una ley nacional ha obligado en los últimos años a las distintas regiones italianas a estudiar cada caso que se les presentaba de forma individual, mientras que algunos pacientes han optado por acudir a Suiza. EFE
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