Kenia mantiene un entorno “precario” para defensores de derechos humanos, alerta informe

Nairobi, 13 ago (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles de que, pese a contar con un marco legal sólido, el país mantiene un entorno “precario” para la labor de los defensores de derechos humanos, con asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y censura registrados entre 2020 y 2022.

El estudio documentó violaciones graves contra defensores de derechos humanos, donde en 2020 hubo dos desapariciones forzadas y 96 detenciones arbitrarias, y en 2021 y 2022 se registraron cuatro y tres asesinatos respectivamente, aunque no se reportaron casos de secuestro o tortura.

También se contabilizaron casos de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar a organizaciones críticas con corporaciones o figuras públicas, como la presentada por la productora de superalimentos Kakuzi PLC contra Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) y el Ndula Resource Centre tras denunciar presuntas violaciones graves de derechos humanos.

La KNCHR advirtió sobre un elevado número de personas en prisión preventiva durante el periodo analizado, reflejo de procesos judiciales prolongados que incumplen la obligación constitucional de garantizar juicios expeditos.

“Las restricciones a la libertad de expresión, asociación, reunión y seguridad personal obstaculizan de forma grave el trabajo de los defensores de derechos humanos”, señaló el documento.

El informe fue elaborado con la herramienta de monitoreo ‘The Right to Defend Rights’ (El derecho a defender los derechos), basado en indicadores de la ONU, que evalúa el cumplimiento de Kenia en sus obligaciones internacionales.

Además del avance hacia la meta 16.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mide los casos verificados de ataques contra periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Según los datos de la organización, el país obtuvo una puntuación general del 36 % en el marco de protección y promoción de los derechos de los defensores, debido a la falta de una ley específica que reconozca su labor.

A esa situación se sumaron retrasos en la implementación de recomendaciones de organismos internacionales y ausencia de educación en derechos humanos en el sistema escolar y en cuerpos como el Ejército.

En materia de derecho a la libertad de opinión y expresión, la evaluación situó el desempeño de Kenia en un 72 %, impulsado por garantías constitucionales y leyes de acceso a la información, que alcanzó un 90 %.

Sin embargo, se registraron 34 casos de censura -23 en línea y 11 fuera de internet- entre 2020 y 2022, donde la mayoría terminó sin reparación judicial.

La libertad de reunión y asociación obtuvo un 51 %, aunque la Constitución protege el derecho a manifestarse pacíficamente, el informe denunció un uso indebido de la Ley de Orden Público por parte de la Policía para autorizar o prohibir concentraciones, con casos de represión violenta, arrestos arbitrarios y uso de fuerza letal.

Sobre el derecho a participar en asuntos públicos, Kenia alcanzó un 75 %, respaldado por mecanismos constitucionales de consulta ciudadana.

No obstante, la participación de grupos marginados es inconsistente y las empresas rara vez integran evaluaciones de impacto en derechos humanos en sus operaciones.

En cuanto a la libertad y seguridad personal, el país registró un 68 % de cumplimiento, con mecanismos legales para garantizar detenciones ajustadas a los estándares de derechos humanos y supervisión de la Policía por parte de la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA).

Pese a ello, la publicación alertó sobre múltiples casos de mala conducta policial con escasa investigación y pocas condenas.

El informe concluyó que, aunque Kenia cuenta con una base legal sólida para proteger a los defensores, persiste una brecha significativa entre la ley y su aplicación. EFE

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