La CPI admite crisis interna por su cultura laboral y acoso, en ausencia del fiscal jefe
Imane Rachidi
La Haya, 1 dic (EFE).- La ausencia del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, tras apartarse en mayo por una investigación sobre presunto acoso sexual, se abrió este lunes como uno de los asuntos más delicados del tribunal, donde el escrutinio sobre la cultura interna domina el debate y alimenta llamados a reformas urgentes y garantías para el personal.
Los altos cargos de la CPI aprovecharon la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte para reconocer que la crisis interna -acusaciones de acoso, abuso de autoridad y fallos estructurales en el clima laboral- se ha convertido en un desafío de credibilidad que golpea sobre todo a la Fiscalía, que quedó desde mayo en manos de los adjuntos, Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan.
“Prioritario”
La presidenta de la Asamblea, Päivi Kaukoranta, confirmó que ha pasado el último año lidiando con la investigación encargada a la Oficina de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) el año pasado sobre las sospechas que rodean el fiscal por acoso sexual a una colega.
El informe con las conclusiones, esperado para octubre, sigue pendiente. “La OIOS ha reiterado que esta investigación es una prioridad», señaló, sin ofrecer una fecha de publicación.
En junio, la Asamblea creó un panel de tres expertos externos para analizar jurídicamente el informe y que actuarán “de manera independiente, garantizando la confidencialidad y la integridad del proceso”.
“Soy plenamente consciente de que los Estados se han sentido frustrados por la duración de este proceso, pero debo subrayar que el respeto al debido proceso debe seguir siendo la consideración primordial en la conducción y conclusión de estas actuaciones. Los Estados Parte serán informados a su debido tiempo de los próximos pasos”, aseguró Kaukoranta.
La presidenta de la Corte, la jueza Tomoko Akane, insistió en que la CPI aplica una política de “tolerancia cero” frente al acoso sexual y el abuso de autoridad y que jueces y Presidencia “se toman este asunto con absoluta seriedad”.
“Allí donde tuvimos autoridad, hemos exigido responsabilidades a quienes correspondía, incluido este año un alto cargo electo, con el fin de proteger al personal afectado de forma rápida, imparcial y respetando el debido proceso”, agregó Akane.
Añadió que todos, de jueces a funcionarios, deben rendir cuentas. “Esto es esencial para proteger la resiliencia y la credibilidad de la Corte. El personal también merece que cualquier conducta indebida o comportamiento inaceptable se aborde adecuadamente”, señaló.
“Escrutinio legítimo”
La Fiscalía, en el centro de la polémica, reconoció ante los 125 países miembros que se “ha tomado estas preocupaciones muy en serio”.
En su discurso, Niang admitió que la cultura interna de la Fiscalía ha sido objeto de un “escrutinio legítimo” durante el último año y que resolver la investigación de la OIOS “sigue siendo urgente y prioritario” y el camino hacia el futuro conlleva “escuchar las preocupaciones legítimas del personal, aprender de sus observaciones y asumir propuestas que surjan desde la base”.
“Nosotros, como fiscales adjuntos, seguimos personalmente comprometidos con fomentar un entorno laboral basado en el respeto, la dignidad, la igualdad y la confianza: valores que deben sostener a cualquier institución que pretende impartir justicia para otros”, explicó el fiscal, apostando por “crear un lugar de trabajo seguro, respetuoso e inclusivo”.
La coincidencia de los tres mensajes mostró, por primera vez en público, que la crisis interna ya forma parte central de la agenda política del tribunal: la investigación, sin resultados tras un año, la ausencia de un fiscal jefe y las dudas sobre la cultura laboral añaden presión a una institución que opera bajo ataques externos, incluidas sanciones de Estados Unidos y amenazas de Rusia por las investigaciones a Israel y Moscú, respectivamente.
Este escándalo ha llegado en un momento especialmente sensible para la CPI, que ha tomado acciones en los últimos años contra líderes en activo de grandes potencias o de sus aliados.
Las acusaciones contra Khan, publicadas en octubre del año pasado por medios británicos y estadounidenses en base a un informe de un tercero que aseguró haber escuchado a la presunta víctima hablar de los hechos, coincidieron con la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes en Palestina.
Khan ha negado que haya “verdad alguna en las insinuaciones” en su contra y sostiene que la Corte y su oficina están sometidas a “ataques y amenazas” por sus investigaciones.
Reino Unido, quien propuso a Karim Khan como fiscal en 2021, también instó hoy a la CPI a “mantener los estándares más altos, fomentando una cultura laboral basada en la integridad y la rendición de cuentas, y que investigue y aborde todas y cualquier denuncia de forma eficaz, seria y contundente”, en palabras de Richard Hermer, fiscal general británico. EFE
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