La guerra entre criminales desangra el estado mexicano de Sinaloa
La guerra interna por el liderazgo del cártel de Sinaloa tras la captura del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán desangra al estado mexicano del mismo nombre con una escalada de asesinatos, uno de ellos, se presume, el del periodista Javier Valdez.
Con 764 homicidios dolosos hasta el 8 de junio, 2017 se ha convertido en el año más violento para Sinaloa (noroeste) desde 2011, cuando en el mismo periodo sumaron 879 asesinatos, según la secretaría de Seguridad estatal.
Los números también confirman que es el año más violento para el estado desde que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia, en 2012.
El récord anterior corresponde al sexenio de su antecesor Felipe Calderón, iniciador de la ofensiva militar contra el narcotráfico.
Los crímenes aún son investigados, pero el gobierno reconoce que buena parte de las víctimas tenían antecedentes de integrar grupos del crimen organizado.
«Es el terror. La palabra es el terror generalizado en Sinaloa», resume Alejandro Sicairos, analista y editor de la revista Espejo en Culiacán, la capital estatal, sobre las consecuencias de esta lucha entre criminales.
Las facciones en pugna son, de un lado, los hijos de Guzmán, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, que se proclaman herederos del imperio criminal de su padre.
Del otro está el grupo de Dámaso López Núñez, «El Licenciado», recientemente capturado y quien fuera brazo derecho del «Chapo» por su conocimiento del negocio y su complicidad en las dos espectaculares fugas que protagonizó Guzmán.
Menos visible en el pleito, surgido con la recaptura del capo y agravado tras su extradición a Estados Unidos en enero, estaría también su hermano Aureliano Guzmán, «El Guano», quien controla la zona de Badiraguato, pueblo natal del «Chapo».
– «Se han dado con todo» –
«Han sido enfrentamientos atípicos donde se han dado con todo, han salido a relucir armas de grueso calibre, arsenales completos, vehículos artillados», relata Sicairos.
Para José Reveles, investigador sobre narcotráfico, el origen del conflicto se remonta al violento asalto en junio de 2016 de la casa de la madre de Guzmán, Consuelo Loera, cerca de Badiraguato, un incidente denunciado por sus abogados pero sin confirmación oficial.
Aunque la autoría no está esclarecida, fue síntoma de que algo se descomponía en Sinaloa.
Dos meses después, Jesús Alfredo Guzmán fue secuestrado en el turístico Puerto Vallarta (noroeste), en un incidente que autoridades atribuyeron al cártel rival Jalisco Nueva Generación.
Ya en febrero, el pleito quedó desvelado por una carta escrita por los hijos de Guzmán donde denunciaban que López los emboscó e intentó asesinarlos, en un incidente donde estuvo presente el cofundador del cártel, Ismael «El Mayo» Zambada.
«La disputa es real, los ‘Dámasos’ tienen incluso gente armada y uniformada, las Fuerzas Especiales de Dámaso. Pero también los hijos se sienten con el derecho de sangre», apunta Reveles.
En esta guerra, el huidizo «El Mayo», poderoso y líder «histórico» del cártel, se erige como el único capaz de zanjarla aunque por ahora supuestamente ha optado por mantenerse al margen y evitar dañar su parte del negocio.
Zambada es «un factor de pacificación, o de equilibrio o de negociación», subraya Sicairos. «Quien va a decidir finalmente es El Mayo», remata Reveles.
Ambos expertos coinciden en que pese al sangriento pleito, los negocios del cártel están intactos, pero esperan que las víctimas sigan cayendo mientras se decide el liderazgo.
– Una guerra civil –
Pero la secretaría de Seguridad estatal discrepa y expone cifras de que está actuando contra los negocios y la violencia criminal.
Con 1.273 detenciones en lo que va del año, el gobierno elevó en un 185% las capturas respecto al mismo lapso de 2016. También multiplicó los decomisos de droga y de armas y municiones.
El subsecretario Cristóbal Castañeda indica que unos 5.700 agentes, 2.200 de ellos militares, están desplegados en Sinaloa, aunque requiere de unos 9.000 para garantizar el orden, según los estándares internacionales.
Además, existe gran disparidad en cuanto a equipamiento y adiestramiento entre las policías municipales y estatales, agrega.
La zozobra de esta suerte de «guerra civil» se acentúa por las dificultades de ejercer la ley en Sinaloa tras la reciente implementación de un nuevo sistema penal acusatorio, que exige cumplir estrictas normas procesales que muchos agentes aún desconocen, explica Samuel González, exfiscal antidrogas.
Mientras, los colegas del reportero Javier Valdez, asesinado en Culiacán el 15 de mayo, sospechan que fue una más de las víctimas de esta lucha de poder, ya que una entrevista suya a «El Licenciado» pudo haber generado «mucha molestia» en una de las partes en conflicto.
«El contexto en el que matan a Javier se va prefigurando» tras publicar la entrevista, dijo a la AFP Ismael Bojórquez, uno de los fundadores del semanario Ríodoce junto a Valdez. «¿Qué familia fue? No lo sé», concluye.