La OMC debe romper monopolios de vacunas anti-COVID19
Aumenta la presión sobre los países para que suspendan las reglas de propiedad intelectual para ayudar a que las vacunas lleguen lo más rápido posible a más personas, especialmente en los países más pobres. ¿Puede la nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio romper el impasse?
Recientemente, Ghana se convirtió en el primer país en recibir dosis de vacunas bajo COVAXEnlace externo, Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sistema de distribución de vacunas tiene como objetivo garantizar que el 20% de la población de todos los países tengan acceso a ellas. Las primeras inyecciones en Ghana fueron una señal positiva de que los países ricos no engullirán toda la producción antes de que el resto del mundo comience a vacunarse.
Pero el panorama es aún muy desigual ya que las dosis son todavía escasas. De los 8 100 millones de dosis vendidas, el 60% ha sido comprado por países ricos, que representan alrededor del 15% de la población mundial. Ni una sola persona había sido vacunada en unos 130 países hasta finales de febrero, mientras que Suiza ha comprado más de 30 millones de dosis, suficientes para vacunar a la población dos veces y ya ha dicho que podría regalar algunas dosis.
Si bien todos están de acuerdo en que las vacunas deben estar disponibles para más personas con mayor rapidez, los defensores de la industria y la salud pública están en desacuerdo sobre cómo hacerlo. La nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, espera romper el estancamiento en las discusiones.
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Tiempos de crisis
En el centro del debate está la propiedad intelectual (PI); más específicamente, una propuesta para renunciar a partes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que esencialmente otorgan a las empresas el monopolio de la producción de medicamentos, pruebas y tecnologías. En efecto, esto impide que los países permitan que otros fabricantes produzcan y exporten vacunas a otro país sin riesgos legales.
Sudáfrica e India propusieron la exención en octubre pasado para que “la propiedad intelectual no sirviera como una barrera para el acceso oportuno a productos médicos que pudieran combatir la pandemia”. No se habían aprobado vacunas en ese momento, pero los países ya habían expresado su preocupación por satisfacer la demanda.
Más de 60 países respaldan la propuesta junto con importantes defensores de la salud pública y ONG como Médicos sin FronterasEnlace externo, que han hecho campaña para que las vacunas COVID-19 sean tratadas como bienes públicos globales que no están controlados por ninguna compañía o país.
El experto legal Yuan Qiong Hu de Médicos sin Fronteras en Ginebra dijo a SWI swissinfo.ch que la exención es particularmente importante porque las materias primas y las tecnologías de las vacunas son de diferentes países con diferentes reglas de PI.
Suiza se encuentra entre un grupo de países ricos, muchos de los cuales son sedes de grandes empresas farmacéuticas, que hasta ahora se han opuesto a la exención. En una declaración compartida con swissinfo.ch, la Misión de Suiza ante la OMC declaró a la directora general de la OMC que está comprometida a alcanzar el objetivo común y tener una “discusión basada en hechos” sobre “si hay casos en los que la propiedad intelectual está impidiendo el acceso”.
La industria ha rechazado constantemente cualquier flexibilización de las protecciones de propiedad intelectual diciendo que son parte de la solución, no el problema. Es debido a la fuerte PI que las empresas han “desarrollado rápidamente vacunas seguras y eficaces”, argumentó la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos (IFPMA) en un comunicado.
En un artículo de opinión en el New York TimesEnlace externo en diciembre pasado, el director general de la IFPMA, Thomas Cueni, advirtió que suspender las reglas de patentes podría poner en peligro la futura innovación médica.
Sin embargo, Gaétan de Rassenfosse, profesor de política de innovación y propiedad intelectual en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), cree que la PI es una barrera de acceso.
“Los titulares de PI tienen una capacidad de producción limitada y muchas empresas en todo el mundo, incluidos los países en desarrollo, son capaces de producir medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. Por lo tanto, la renuncia a la propiedad intelectual ciertamente aumentaría enormemente la disponibilidad de estos productos”, argumenta.
Lo anterior está respaldado por una reciente investigación de la agencia estadounidense de noticias Associated Press, que encontró fábricasEnlace externo en tres continentes que tienen capacidad no utilizada y podrían producir vacunas si tuvieran el modelo y los conocimientos técnicos.
Más que patentes
De Rassenfosse reconoce que existen otras barreras, una opinión compartida por la experta en salud pública Ellen ‘t Hoen, directora de la organización Medecines Law & PolicyEnlace externo y exdirectora ejecutiva del Fondo de Patentes de Medicamentos.
“Cuando la industria dice que la PI no es la barrera, está siendo un poco deshonesta. La PI no es el único problema. El objetivo es aumentar la capacidad de producción de vacunas contra la COVID-19. Para lograrlo es preciso tener acceso a los registros reglamentarios, conocimientos y tecnología. Pero también necesita acceso a la PI, como las patentes, cuando existen”.
Para ‘t Hoen, parte de la solución radica en el Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), un mecanismo voluntario lanzado en mayo pasado por la OMS para compartir conocimientos, datos y PI sobre las vacunas y terapias COVID-19. En febrero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró el llamado para que los fabricantes de vacunas compartan sus conocimientos a través de C-TAP.
Varios países y el Parlamento Europeo apoyaron el mecanismo cuando fue lanzado, pero este perdió impulso después de que el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, calificara la idea de “absurda” y “peligrosa”.
La IFPMA se mantiene firme contra la idea porque no está de acuerdo con la premisa básica de que “los derechos de PI son barreras para la I+D (investigación y desarrollo), colaboración público-privada y acceso de los pacientes a los productos COVID-19”.
Patrick Durisch, quien dirige la política de salud en la ONG suiza Public Eye, dijo que la falta de apoyo para C-TAP “es una gran oportunidad perdida. Sabíamos en mayo que no habría suficiente suministro para satisfacer la demanda de vacunas. Pensamos que en una crisis así, era el momento de hacer las cosas de otra manera y no permitir que los monopolios se interpusieran en el camino”.
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Status quo
El verdadero escollo del debate, dice De Rassenfosse, es que “los dueños de la PI se muestran reacios a ceder el control de sus innovaciones sin contrapartidas”.
Incluso si las empresas hubieran recuperado sus inversiones iniciales en I+D con las ventas en los países desarrollados, preferirían otorgar una licencia para el uso de sus derechos de PI en los países en desarrollo a un precio favorable que cederlos de forma gratuita o que los “incautaran” los gobiernos extranjeros, explicó el profesor de la EPFL.
Esto es exactamente lo que han estado haciendo las empresas: firmar acuerdosEnlace externo de transferencia de tecnología o licencias con los fabricantes en sus propios términos. Un ejemplo es el acuerdo de Novartis con Pfizer/BioNtech para ampliar la fabricación de su vacuna de ARNm en Stein, cantón de Argovia.
De Rassenfosse dice que los acuerdos voluntarios de fabricación “obviamente no son suficientes” cuando se ve cómo la vacunación en el mundo en desarrollo se está quedando atrás. Leena Menghaney, de Médicos sin Fronteras, sostiene que el rechazo de la industria con relación a la PI es, en realidad, un intento de “bloquear la competencia, mantener la condición de monopolio y los precios altos”.
En lugar de cambiar las reglas del juego, la industria respalda los llamados para que se canalice más dinero a las colaboraciones para desarrollar y distribuir vacunas. A finales de febrero, una alianza de más de 148 inversionistas con 14 billones de dólares en activos gestionados, instó a los países a cubrir el déficit de financiamiento de 22 000 millones de dólares para una “respuesta justa y equitativa a la COVID-19”. Una llamada que fue respaldada por el G7, que anunció que destinaría otros 4 000 millones a COVAX.
Sin embargo, el dinero no resolverá todos los problemas, dice ‘t Hoen, quien cree que se debe encontrar una solución a través de la OMC que aborde esta crisis y establezca un precedente para posibles brotes futuros.
“La vacunación mundial con una vacuna COVID-19 es un bien mundial. No se puede hacer que esto suceda si cada empresa decide por sí misma si comparte conocimientos y derechos. Necesitamos tener un acuerdo sobre el desarrollo de bienes públicos, y creo que esto sucederá como resultado de la crisis de la COVID-19”.
La nueva directora general de la OMC sugiere que una “tercera vía” o compromiso podría estar en camino. En su declaración de toma de posesión de su cargo, dijo a los delegados de la OMC que quiere trabajar con empresas para abrir y otorgar licencias a más plantas de fabricación. “Debemos hacer que trabajen con nosotros en el conocimiento y la transferencia de tecnología ahora. Pronto habrá una convención mundial de fabricación en la que podemos buscar construir esta asociación”.
Traducción del inglés: Marcela Águila Rubín y Patricia Islas
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