Los costes sanitarios en Suiza crecen más rápido de lo que puede asumir la población
Con motivo de los 30 años del seguro obligatorio de salud en Suiza, el país se enfrenta a una crisis de costes que obliga a tomar decisiones difíciles para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Desde su puesta en marcha en 1996, el sistema de seguro universal de salud de Suiza, la LAMal, ha ofrecido una atención de alta calidad y una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Sin embargo, el aumento de los costes está presionando el sistema y poniendo a prueba su principio de solidaridad.
Aunque otros países de la UE también enfrentan problemas de costes sanitarios, los desafíos de Suiza son singulares debido a su sistema financiado por la población y a la importante contribución económica de la industria farmacéutica.
«Siempre pensábamos que podríamos permitirnos un sistema sanitario de primer nivel, pero nos estamos dando cuenta de que nos enfrentamos a un dilema», declaró en enero Helene Budliger Artieda, secretaria de Estado de Asuntos Económicos, a la prensa. Subrayó la presión entre la asequibilidad para la población, el acceso a nuevos tratamientos y la rentabilidad de la industria farmacéutica.
La sanidad es cara, incluso para los estándares suizos
Un reto clave para la sostenibilidad de la LAMal es el aumento de los costes. Muchos países financian los sistemas sanitarios mediante impuestos y cotizaciones sociales, lo que hace que las subidas de costes sean menos visibles. Sin embargo, en Suiza el sistema se financia con primas mensuales y pagos directos de la población residente. El seguro es obligatorio, con subvenciones estatales para quienes lo necesitan.
«Si quieres una buena atención sanitaria, hay que pagarla. Es un intercambio», afirmó Stefan Felder, profesor de economía de la salud en la Universidad de Basilea. «Aun así, hay que reconocerlo: el sistema suizo es demasiado caro. Esto no puede continuar indefinidamente; se incluyen demasiadas prestaciones en el seguro básico».
El Gobierno suizo gastó alrededor del 12% del PIB en sanidad en 2024, la cuarta cifra más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se prevé que la factura siga aumentando. El Instituto Económico KOF estimaEnlace externo que los costes sanitarios anuales crecerán una media del 3,9% entre 2024 y 2027, frente al 3,1% del periodo 2014-2023.
Algunas voces expertas atribuyen el aumento de los costes al incremento de las enfermedades crónicas, especialmente entre la población mayor, y al uso excesivo de cirugías programadas como operaciones de espalda o sustituciones de rodilla y cadera. Suiza y Alemania registran cifras elevadas, con unas 350 prótesis de cadera por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de la OCDE, de 191. Otros grupos expertos sostienen que estas intervenciones no aportan beneficios suficientes como para justificar su cobertura por el seguro médico.
Otros especialistas señalan los nuevos fármacos y tratamientos, como las terapias génicas y los biológicos, con precios mucho más elevados que los medicamentos tradicionales. Las pruebas clínicas que antes costaban 40.000 francos suizos ahora cuestan 400.000, señala Thierry Mauvernay, director ejecutivo de la biotecnológica suiza Debiopharm. Aunque la LAMal destina alrededor del 22% de su presupuesto a medicamentos —un porcentaje que apenas ha variado en los últimos 20 años—, el coste total de los fármacos reembolsados se ha duplicado en la última década.
La ciudadanía rechaza los límites a las primas
Los costes más altos se reflejan en las primas que paga la población. En 2024, las primas mensuales medias para una persona adulta fueron de 423 francos suizos, alrededor del 7% de la renta disponible media, frente al 4% en 2004, según datosEnlace externo citados por una persona especialista de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna. El Barómetro de la Preocupación publicado por el banco de inversión UBS Enlace externosituó las primas como la principal inquietud de la población suiza en 2025, y un estudioEnlace externo de la Universidad de Friburgo concluyó que una de cada cinco personas mayores renuncia a la atención médica por motivos económicos.
Una encuesta de 2025 encargada por comparis.ch, un servicio suizo de comparación en línea, mostró que el 59% de las personas encuestadas no tenía problemas para pagar las primas obligatorias, pero un tercio recibía subvenciones estatales.
Pese a las quejas, las propuestas para limitar las primas han sido rechazadas en votación popular por el temor a que cualquier cambio reduzca el acceso a la atención o su calidad. Una iniciativa popular de junio de 2024 para limitar las primas al 10% de los ingresos del hogar fue rechazada.
Con las finanzas del sistema bajo presión, el Gobierno inició en enero de 2022 un paquete nacional de contención de costes. La primera fase incluyó enviar copias de las facturas a los pacientes, simplificar los envases de medicamentos importados y fomentar los genéricos duplicando la participación en el coste de algunos medicamentos de marca del 20% al 40%, mientras se mantiene en el 10% para los genéricos.
La segunda fase incluyó 16 medidas aprobadas por el Parlamento en marzo de 2025. Entre los principales cambios se encuentra la reforma de la fijación de precios de los medicamentos y la obligación de que los fabricantes reembolsen parte de sus ingresos al sistema sanitario cuando las ventas de determinados fármacos caros superen cierto volumen. También se revisaron los criterios de reembolso de la LAMal, incluida la financiación temporal de medicamentos aprobados que aún están a la espera de la fijación definitiva de precios por parte de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).
El Gobierno también colabora con los cantones, organizaciones de pacientes, personal médico, aseguradoras, farmacias y personas expertas en medidas voluntarias para contener el gasto. Esta mesa redonda, creada en noviembre de 2024 por la consejera federal Elisabeth Baume-Schneider, aspira a ahorrar 300 millones de francos suizos al año a partir de 2026. Entre las medidas figuran la reducción de las pruebas de vitamina B12 y de hormonas para problemas de tiroides, un uso más selectivo de la cirugía de hombro, un mayor recurso a medicamentos genéricos y biosimilares, y el traslado de determinadas intervenciones del ámbito hospitalario al ambulatorio. Felder ha calificado estos ahorros —equivalentes al 1% de los ingresos por primas y a menos del 0,25% del presupuesto sanitario anual, cercano a los 100.000 millones de francos— de «ridículamente pequeños».
En noviembre de 2024, una votación popular aprobó una reforma para estandarizar el reparto de los costes médicos entre las aseguradoras y los cantones, eliminando los incentivos a la hospitalización. Además, una nueva estructura de facturación médica, introducida en enero de 2026, también pretende eliminar determinados incentivos económicos para el personal médico, como multiplicar las consultas por un mismo tratamiento, y simplificar el sistema de facturación.
El Consejo Federal (órgano Ejecutivo) está estudiando fijar un límite al crecimiento anual del gasto sanitario para el periodo 2028-2031 y, al mismo tiempo, ultima un plan para elevar la franquicia mínima anual del seguro de 300 a 400 francos suizos, el primer aumento en dos décadas.
En su intento por frenar el aumento de los costes, Suiza trata de encontrar un equilibrio entre mantener el principio de solidaridad y, al mismo tiempo, desincentivar el uso innecesario del sistema por parte de la población.
«El sistema sanitario suizo es muy suizo, en el sentido de que intenta conciliar dos modelos de atención sanitaria diferentes», afirma Samia Hurst-Majno, médica especialista en bioética de la Universidad de Ginebra y exvicepresidenta del Grupo de Trabajo Científico Suizo sobre la COVID-19. «Por un lado está el modelo solidario, basado en una cobertura para toda la población; por otro, el modelo de mercado privado, que responsabiliza a cada persona de su propio gasto», explica.
El factor Trump
Suiza también debe tener en cuenta a otro actor clave en su estrategia: la industria farmacéutica. Según datos oficiales, este sector representa el 40% de las exportaciones suizas y aportó el 10% del valor añadido bruto del país en 2022. Sin embargo, las tensiones aumentan a medida que las empresas farmacéuticas se resisten a los esfuerzos del Estado por reducir el precio de los medicamentos.
El año pasado, la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) retiró el tratamiento contra el cáncer Lunsumio, de Roche, de la lista de fármacos reembolsados por el seguro médico obligatorio suizo, luego de que fracasaran las negociaciones sobre su precio entre las autoridades y la farmacéutica suiza.
La reducida población de Suiza, de unos nueve millones de habitantes, también limita su capacidad de negociación. «Suiza es un mercado pequeño, así que, si decimos a una empresa que no aceptamos sus precios, tiene relativamente pocos incentivos para rebajarlos y acceder a nuestro mercado», explica Hurst-Majno.
La decisión del presidente Donald Trump el año pasado de aumentar los aranceles a la importación de medicamentos y obligar a las farmacéuticas a incrementar sus inversiones en Estados Unidos ha añadido presión sobre la OFSP para que acepte precios más elevados para los medicamentos.
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Cronología: cómo Trump ha removido la industria farmacéutica en 2025
El Gobierno suizo creó en enero de 2026 un grupo de trabajo de alto nivelEnlace externo para el sector de las ciencias de la vida, en el que participan altos directivos de Roche y Novartis. Hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la labor de este grupo y la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) no respondió a la solicitud de Swissinfo para obtener más información. No obstante, según diversas informaciones publicadas por los medios, el objetivo es coordinar con los principales responsables del sector cuestiones relacionadas con su futuro —como el impacto de los aranceles estadounidenses, los compromisos de inversión y la competitividad a largo plazo— en respuesta a las nuevas políticas de Trump.
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Farmacéuticas en plena adaptación en Europa ante la política de Trump
«El sistema sanitario funciona bien. La población confía en él y valora la calidad y la seguridad de la atención», afirmó Baume-Schneider en una entrevista concedida a la televisión pública suiza RTS en octubre de 2025.
«La verdadera cuestión es quién paga qué, y ese es un debate que debemos mantener tanto en el Parlamento —igual que hacemos con las medidas económicas— como con los cantones», señaló. «Pero sería un error decir que estamos a punto de emprender una gran reforma, porque nadie quiere poner en riesgo la seguridad y la calidad de la atención sanitaria».
Artículo editado por Nerys Avery y adaptado del inglés por Carla Wolff/pi
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