La Policía de Gambia acusa a 3 mujeres por la muerte de una bebé tras mutilación genital

Nairobi, 14 ago (EFE).- La Policía de Gambia acusó a tres mujeres por la muerte de una bebé de un mes que había sido sometida a mutilación genital femenina (MGF) en el oeste del país, informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Las tres mujeres fueron imputadas en virtud de la Ley de la Mujer (Enmienda) de 2015, una ley histórica que tipifica como delito la mutilación genital femenina (MGF), informó el miércoles la Policía a través de la red social Facebook.

Una de ellas afronta una posible condena a cadena perpetua y permanece en prisión preventiva, mientras que las otras dos, acusadas de complicidad, fueron puestas en libertad bajo fianza.

La menor fue sometida a una circuncisión, sufrió una hemorragia grave y fue declarada muerta a su llegada al Hospital Materno Infantil de Bundung, según la policía.

El caso provocó una ola de indignación en el país, donde la práctica persiste a pesar de estar prohibida desde hace casi una década.

«Las leyes por sí solas no bastan. El verdadero cambio requiere educación sostenida, participación comunitaria y voluntad política», declaró a EFE el pasado lunes la fundadora de la asociación Mujeres en Liderazgo y Liberación (WILL, en inglés), Fatou Baldeh.

Baldeh advirtió de que la MGF sigue profundamente arraigada en la sociedad gambiana por creencias culturales, interpretaciones religiosas erróneas y fallos en la aplicación de la ley.

Según sus datos, el 70 % de las mujeres del país han sido sometidas a esta práctica y casi la mitad de las niñas son mutiladas antes de cumplir los cinco años.

La MGF fue prohibida en Gambia en 2015, durante el mandato del entonces presidente Yahya Jammeh, que gobernó con mano de hierro desde 1994 hasta 2016 en un régimen marcado por graves abusos contra los derechos humanos.

La norma está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema, que celebrará en octubre una audiencia para decidir si mantiene o deroga la prohibición.

No obstante, desde su entrada en vigor, solo se han procesado dos casos y la primera condena no se dictó hasta agosto de 2023, según datos de 2024 de Amnistía Internacional. EFE

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