La reforma judicial de Meloni «devolverá el prestigio» al sector, según la Unión Penalista
Gonzalo Sánchez
Roma, 13 mar (EFE).- Un intenso debate recorre Italia estos días sobre si apoyar o no en referéndum la reforma judicial de Giorgia Meloni. Sus detractores creen que debilitará a los jueces pero sus valedores lo niegan: «Devolverá un prestigio que hoy está en crisis», afirma a EFE el presidente de la Unión de Cámaras Penales Francesco Petrelli.
«Es una medida fundamental para la magistratura, la justicia y la democracia de nuestro país. Italia es la única democracia liberal europea, con Turquía y Rumanía, donde las carreras de los jueces y fiscales no están separadas», sostiene.
Los días 22 y 23 de marzo el Gobierno de Meloni someterá a referéndum una reforma de la constitución que introduce importantes cambios para el poder judicial y que ha dividido al país en partidarios y detractores (muy igualados en casi todos los sondeos).
Una judicatura partida en dos
Su principal punto es que separará la carrera de jueces y fiscales para impedir ‘cambios de toga’, es decir, que un acusador pueda pasar a dictar sentencias, algo hasta ahora posible en Italia en determinadas circunstancias y toda una excepción a nivel europeo.
Pero el texto va mucho más allá al dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano de autogobierno del poder judicial, creando uno para jueces y otro para fiscales.
La Unión de Cámaras Penales (UCPI), una importante asociación de penalistas italianos, se ha sumado al llamado ‘Comité del Sí’ para pedir a los italianos que respalden esta reforma.
Su presidente cree que ya es hora de separar a jueces de fiscales para poner fin a un ordenamiento heredado del régimen fascista.
«Mayor prestigio»
«Esta separación devolvería transparencia y prestigio a un sector esencial para una democracia moderna como el de la justicia, que cada vez incide más en la vida política, económica y social», alega.
A su parecer, los jueces y fiscales «no pueden compartir una misma organización profesional», tal y como ocurre en otros países del entorno como España, Alemania o Reino Unido.
No obstante este punto, el de la separación de la carreras, preocupa menos a los detractores de la reforma en comparación con otros como la partición en dos del órgano de autogobierno -uno para jueces y otro para fiscales-, pues creen que ello conllevará una pérdida de peso… ergo de influencia.
«No es cierto. El prestigio de la magistratura, hoy en evidente crisis, aumenta netamente y además se refuerza la autonomía y la independencia», responde el penalista.
«Propaganda» y facciones
Pero, por encima de todo, el aspecto que genera más dudas es el método con el que se nombrará a los miembros de cada Consejo Superior: el sorteo. Así, el Gobierno pretende anular las corrientes internas de una magistratura que ve ‘politizada’ (y no a su favor).
La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que engloba a cerca del 96 % de los jueces y fiscales del país, cree que las facciones son naturales en toda estructura civil y que este cambio, el sorteo de los miembros, modificará el equilibrio de poderes.
Petrelli zanja que esta acusación es «pura propaganda política»
«Este mecanismo libera al órgano de gobierno de la magistratura de la influencia de la política y garantiza la independencia interna de los distintos magistrados frente a las maniobras de las corrientes», asevera.
Los defensores del ‘Sí’ a la reforma están naturalmente dentro de la coalición de Gobierno, sobre todo el partido conservador Forza Italia, pues esta fue una batalla histórica de su difunto líder Silvio Berlusconi, pero también se organizan en la sociedad civil.
A la Unión de Penalistas, impulsores del texto, se han sumado asociaciones legales como ‘Nessuno Tocchi Caino’, el Partido Radical o la Unión Nacional de Cámaras Civiles, entre otros entes.
«El juez no solo debe ser imparcial sino también parecerlo. Si quien desempeña la alta función de juzgar comparte funciones con quien acusa, esa imparcialidad nunca podrá realizarse y, a los ojos del ciudadano, las decisiones del juez siempre parecerán sospechosas y no suficientemente autorizadas», concluye Petrelli. EFE
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