La represión policial contra protestas en Nigeria en 2020 fue una «masacre»

Lagos, 16 nov (EFE).- Un panel establecido hace un año para investigar los abusos de la policía nigeriana contra civiles concluyó que los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2020 en un peaje de la ciudad de Lagos, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, se pueden describir como una «masacre».

«En la puerta del peaje de Lekki, miembros del Ejército nigeriano dispararon, hirieron y mataron a manifestantes desarmados, indefensos y desvalidos, sin una provocación o justificación (…) y la forma de asalto y matanza podría calificarse, en contexto, de masacre», dice el informe presentado por el panel ante el Gobierno del estado de Lagos este lunes, según recogen hoy medios locales.

El informe fue presentado poco más de un año después de que masivas movilizaciones contra la brutalidad policial tomaran las calles de varias ciudades de Nigeria.

El movimiento conocido como «End SARS» («Acabar con SARS»), surgió en octubre del año pasado para exigir la disolución -que, finalmente, se produjo- de la unidad policial conocida con esas siglas, el Escuadrón Especial Antirrobo de la Policía nigeriana, acusada de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos extrajudiciales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando al menos 56 personas muertas -incluyendo manifestantes, miembros de las fuerzas armadas y matones supuestamente contratados por las autoridades- según denunció entonces Amnistía Internacional.

En el que fue el día más sangriento de esos episodios, que se alargaron durante semanas, el 20 de octubre de 2020, al menos 12 manifestantes perdieron la vida en un peaje de la localidad de Lekki y en el distrito de Alausa, ambos en la inmensa urbe de Lagos, de unos 21 millones de habitantes, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos.

Según una investigación de la organización Human Rights Watch (HRW), fueron primero los soldados quienes rodearon la protesta y dispararon al aire y contra la multitud, mientras la Policía llegó después y disparó de nuevo contra los manifestantes.

Justo un día antes de estos hechos, se estableció el Panel Judicial de Investigación y Restitución para las Víctimas de Abusos Relacionados con el SARS del Estado de Lagos, que debía revisar las quejas de violencia y asesinatos extrajudiciales, así como los hechos de Lekki.

De acuerdo al informe presentado ayer, los militares impidieron a las ambulancias ofrecer asistencia médica a los heridos y trataron, además, de ocultar sus acciones recogiendo balas o, incluso, retirando cuerpos que se llevaron en sus furgonetas.

El panel, asimismo, acusa a la empresa pública que administra y cobra los peajes de Lekki, Lekki Concession Company, de entorpecer su investigación al «negarse a facilitar algunas informaciones y pruebas útiles y vitales», además de manipular grabaciones de la noche del incidente.

El miembro del panel y abogado de derechos humanos, Ebun Olu Adegboruwa, citado en medios locales, advirtió que publicaría él mismo el contenido del informe si las autoridades del estado de Lagos no lo hacían.

Si el gobernador del estado aceptara las recomendaciones del panel, se podrían ejecutar como sentencias del Tribunal Superior del Estado, aunque abogados alertan de que solo podrían hacerse efectivas si las fuerzas de seguridad despiden previamente a los agentes responsables de la violencia.

Tras las protestas, ningún responsable ha sido aún llevado ante la justicia y la brutalidad policial sigue siendo un problema sistémico en Nigeria, el país más populoso de África, a pesar de las reiteradas promesas de cambio por parte del Gobierno nigeriano. EFE

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