La SIP denuncia «genocidio silencioso» contra el periodismo independiente en Cuba
Punta Cana (Rep. Dominicana) 19 oct (EFE).- Un informe presentado en la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Punta Cana (República Dominicana) hasta este domingo denuncia que el periodismo no oficial en Cuba es «testigo y víctima del genocidio silencioso» que vive el pueblo cubano.
La SIP señala que los informadores independientes cubanos deben contar el panorama actual del país, donde el salario promedio equivale a unos 15 dólares al mes, los alimentos son costosos y escasos, falta el agua potable y las medicinas, los hospitales y escuelas están mal atendidos, hay cortes eléctricos de más de 20 horas al día, epidemias de enfermedades tropicales, y el éxodo masivo, entre otras situaciones.
El documento denuncia «la continua represión política» contra los periodistas independientes que «va desde la hipervigilancia de sus pasos y sus actos, hasta la agresión física directa y a sus familiares».
Cita el caso del vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Henry Constantín, quien fue detenido durante cuatro días por la Seguridad del Estado para impedirle asistir a una celebración en la embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y también el del comunicador José Gabriel Barrenechea, quien, tras participar en una protesta pacífica por los apagones en Encrucijada, provincia central Villa Clara, fue acusado del delito de desórdenes públicos, con seis años de petición fiscal y «purga casi un año de prisión provisional».
Subraya que en Cuba existen leyes de acceso a la información pública, de comunicación, de asociaciones; se habla de libertad de expresión en la Constitución; existen leyes para regular el uso de la Internet, el ejercicio de la economía privada, y para «proteger» a las familias.
«Sin embargo, en todas estas normas, el periodismo no está protegido, sino amenazado o prohibido», añade.
Considera que tanto la Ley 149 de Protección de Datos Personales como las regulaciones sobre delitos informáticos contienen «limitaciones a la libertad de expresión en redes de los periodistas, especialmente de aquellos que critican la realidad, cuestionan a las autoridades o investigan».
Asimismo refiere que el acceso a la información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales «se mantiene prohibido» para la prensa independiente, e incluso no gubernamentales como procesiones religiosas, y cita el caso de Ángel Santiesteban, quien fue detenido por salir de su vivienda para cubrir una procesión católica.
El informe afirma que «el estado no ha dado un solo paso visible orientado a prevenir amenazas, ataques o agresiones a periodistas y medios» y que sus denuncias en las oficinas gubernamentales así como las acusaciones que intentan levantar en los tribunales y unidades policiales, «son desechadas o denegadas de inmediato».
Por otro lado, indica que los medios independientes nativos enfrentan el «daño colateral involuntario» que generan las sanciones del gobierno de Estados Unidos a la isla.
«La prensa independiente no discute sobre la efectividad y la pertinencia de estas sanciones, pero señala que estas perjudican a los escasos promotores de libertad de expresión en el país» y que por su falta de reconocimiento legal, tampoco puede obtener fondos de desarrollo de la Unión Europea (UE).
La SIP, con sede en Miami, es una organización fundada en 1943 sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión, integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental. EFE
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