La UE acuerda una pena máxima de malversación de al menos cuatro años, como en España
Bruselas, 2 dic (EFE).- Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo acordaron este martes que los delitos de malversación en toda la Unión Europea (UE) sean castigados con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión, al mismo nivel que lo que prevé el Código Penal español para ciertos tipos de malversación tras la reforma de 2023 con un acuerdo entre el PSOE y ERC.
Tras meses de negociaciones, la Unión Europea logró un texto final para la nueva directiva europea para luchar contra la corrupción, que busca igualar definiciones y penas mínimas para este tipo de delitos en todos los países comunitarios, dos años y medio después de la propuesta inicial de la Comisión Europea en mayo de 2023.
Aquel borrador incluía originalmente una pena máxima de al menos cinco años de prisión para delitos de malversación, que de aprobarse sin cambios hubiera obligado a España a que la pena máxima de cárcel para este tipo de delitos nunca pudiese ser inferior a dichos cinco años.
El Parlamento Europeo (PE) defendía de hecho que el límite superior de la horquilla de penas de prisión para la corrupción fuese de al menos seis años, pero la negociación con los Estados miembros, que rebajaban la ambición a al menos entre tres y cuatro años, lo ha fijado finalmente en una pena máxima de al menos cuatro.
En un comunicado, el PE señaló que se han establecido «niveles comunes para penas máximas de cárcel en toda la UE a la vez que se permite que cada país introduzca penas más severas», un enfoque que «asegura la disuasión al mismo tiempo que preserva la discreción judicial y las prerrogativas nacionales».
La nueva directiva incluye definiciones comunes y penas máximas armonizadas entre al menos tres y cinco años para los delitos de cohecho en los sectores público y privado, apropiación indebida, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, enriquecimiento con delitos de corrupción, encubrimiento y ciertas violaciones graves del ejercicio ilegal de la función pública.
Por otro lado, el texto final no recoge una enmienda impulsada por el PP y Vox en fases previas de la negociación para impedir que los Estados miembros puedan de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.
Para la negociadora jefa de la Eurocámara, Raquel García Hermida, la directiva aprobada es una victoria para los ciudadanos, que «se beneficiarán de normas más claras y consistentes sin importar dónde estén».
Y aseguró que la Eurocámara está preparada para ir más allá cuando los gobiernos europeos estén dispuestos a seguir avanzando.
En el equipo negociador del Parlamento Europeo estaba también el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que tildó la directiva resultante de «penosa y nefasta» y dijo que «no mejora para nada» el Código Penal español, «va a plantear problemas gravísimos y que consolida a Pedro Sánchez». EFE
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