La UE aprueba la armonización de elementos de las leyes de insolvencia
Bruselas, 30 mar (EFE)- Los gobiernos de la Unión Europea dieron este lunes su visto bueno final a la legislación que armoniza elementos «clave» de los procedimientos nacionales de insolvencia empresarial, como las acciones revocatorias, el rastreo de activos o la creación de comités de acreedores.
Los Estados miembros validaron a nivel de embajadores el acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado con los negociadores del Parlamento Europeo, y los socios del bloque tendrán ahora dos años y nueve meses para trasladar los cambios normativos a sus legislaciones nacionales.
Las diferentes normas de insolvencia a nivel doméstico han sido identificadas como una de las principales barreras del mercado único, y el objetivo de esta legislación es «maximizar el valor que los acreedores pueden recuperar de la empresa insolvente y aumentar la eficiencia de los procedimientos», según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.
Con la nueva normativa, los países del bloque tendrían que aplicar las mismas normas mínimas cuando tengan que tomar las denominadas «acciones revocatorias» para impedir que los deudores reduzcan el valor que los acreedores pueden obtener tras un procedimiento de insolvencia de una empresa.
En relación al rastreo de activos, y para que los acreedores puedan recuperar el valor máximo de la empresa liquidada, los Estados miembros tendrán que designar órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas que puedan acceder a registros nacionales centralizados o de cuentas bancarias en otros países del bloque para consultar la información sobre activos de la empresa en proceso de liquidación.
Por otro lado, en los llamados mecanismos ‘pre pack’, en los que la venta de la empresa se negocia antes del procedimiento formal de insolvencia, que se ejecuta «poco después», se podrán mantener los contratos esenciales para la continuidad de la empresa.
Además, deberán crearse en determinadas circunstancias comités de acreedores bajo algunas características armonizadas, como su composición, los métodos de trabajo del propio comité o la responsabilidad personal de sus miembros.
Los Estados miembros, sin embargo, tendrán la posibilidad de limitar la creación de estos comités a las grandes empresas.
Cuando los socios comunitarios acordaron en junio de 2025 su posición común para negociar la normativa con el Parlamento Europeo, España criticó en una declaración su establecimiento, que derogó hace años, al considerarlos «no eficientes» y «muy costosos».
España dispone ahora de «otros mecanismos igualmente solventes para la protección de los acreedores», indicaron entonces fuentes diplomáticas. EFE
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