Las ONG no acatarán el decreto del Gobierno Meloni contra barcos humanitarios
Roma, 29 dic (EFE).- Varias organizaciones que salvan personas en el Mediterráneo Central han desafiado hoy al Gobierno italiano, al anunciar que no acatarán el decreto que aprobó ayer, miércoles, y que prevé multas y la confiscación de los barcos humanitarios, en una vuelta de tuerca en su política para evitar que desembarquen a los rescatados en territorio italiano.
Las ONG alemanas Sea-Eye y Sea-Watch y la italiana Emergency explicaron que consideran «ilegal» la nueva norma aprobada por el Ejecutivo que encabeza la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha cambiado su estrategia de «puertos cerrados» por la de «puertos lejanos», ya que al asignar explícitamente lugares distantes para desembarcar, las naves se mantienen alejadas de la zona de rescate el mayor tiempo posible.
«Según la versión del decreto de que disponemos y una evaluación preliminar de su contenido jurídico, es probable que sea ilegal en la medida en que pretende regular el comportamiento de los buques de pabellón alemán en aguas internacionales y sancionar su entrada en el mar territorial italiano», indicó Sea-Eye en un comunicado.
En el decreto se estipula que Italia aplicará un régimen de sanciones administrativas, en lugar de penales, y además podrá proceder a «la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar».
Aunque no se ha especificado la cuantía de las multas, los medios locales calculan en 50.000 euros la sanción para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque si no facilitan la información requerida.
«Sea-Eye no seguirá ningún código de conducta ilegal ni ninguna otra directiva oficial que viole el derecho internacional o las leyes de nuestro Estado de abanderamiento. En nuestro caso, se trata de las leyes de la República Federal de Alemania. Por tanto, rechazamos este supuesto código de conducta y tememos que genere conflictos con las autoridades italianas», añadió la ONG, que pidió la protección alemana.
Emergency sólo respetará el decreto, que «reduce drásticamente las posibilidades de salvar vidas en el mar, limitando las operaciones de los buques humanitarios y multiplicando los costes de las operaciones de rescate para todas las ONG en el mar», si no entra en conflicto con las leyes internacionales.
La organización italiana recordó que en 2022 casi 1.400 personas han perdido la vida en el Mediterráneo central sólo este año, mientras que más de 20.000 fueron devueltas a Libia, donde «desaparecen en circuitos de trata de seres humanos o son trasladadas a centros de detención en condiciones inhumanas, sometidas a malos tratos, abusos y torturas confirmadas ahora por la ONU, organizaciones internacionales y periódicos de todo el mundo».
También Sea-Watch se ha opuesto al decreto, que es «un llamamiento a dejar que la gente se ahogue. Obligar a los barcos a entrar en puerto viola el deber de rescate en caso de que haya más personas en peligro en el mar».
«La asignación políticamente motivada de puertos distantes pone en peligro la salud de las personas rescatadas y tiene por objeto mantener los buques de rescate fuera del Mediterráneo el mayor tiempo posible. De este modo, el Gobierno italiano se hace directamente responsable de las consecuencias sanitarias a bordo de los buques de rescate», declaró Hendrike Förster, coordinadora médica de Sea-Watch.
Según el Gobierno italiano, la norma solo se aplicará en casos de violación de límites territoriales o de prohibición del tránsito, pero se respetarán las situaciones estipuladas en la Convención de Derecho del Mar de la ONU para la seguridad de las personas recuperadas en el mar. EFE
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