Minera canadiense valora «opciones» tras permiso anulado para desarrollar mina en Ecuador

Quito, 6 oct (EFE).- La minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM), que estaba al frente del proyecto minero Loma Larga en Ecuador, se pronunció respecto a la revocatoria de la licencia ambiental por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa y aseguró que estaba valorando opciones «para preservar el valor y mantener la opcionalidad» para sus accionistas.

El Gobierno de Ecuador revocó el pasado sábado la licencia ambiental que había concedido a la entidad canadiense para ejecutar el proyecto minero Loma Larga, en la provincia andina de Azuay, que contaba con un fuerte rechazo de la población local al considerar que podría afectar el complejo de lagunas de Quimsacocha, a unos 30 kilómetros de Cuenca.

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica tomó esta decisión en base a «informes técnicos presentados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura de Azuay, instituciones competentes en la provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente», según se explicó el pasado fin de semana.

En el comunicado, la entidad aseguró sentirse profundamente preocupada por la decisión de retirar el permiso, emitido en junio después de un «riguroso proceso» por parte del Gobierno para garantizar la aplicación de los altos estándares ecuatorianos en el desarrollo del proyecto.

«Confiamos en que nuestro plan de gestión ambiental y las sólidas medidas de protección ambiental implementadas para Loma Larga cumplen con dichos estándares», continuó David Rae, presidente ejecutivo de DPM, en un comunicado.

Loma Larga preveía una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para la construcción de las instalaciones de la mina, con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también hay cantidades menores de plata y cobre.

La entidad explicó también que la gestión responsable del agua y del ecosistema ambiental sensible cerca del proyecto son considerados «clave» en el diseño del mismo, y añadió que los estudios hídricos (que determinaron que no habría un impacto adverso) fueron realizados por expertos independientes, DPM y los reguladores.

Es, precisamente, el temor a la contaminación o afectación del agua la que provocó el rechazo de los vecinos de la ciudad de Cuenca y comunidades aledañas. Las lagunas de Quimsacocha, próximas a donde se ubicaría el proyecto, abastecen de recurso hídrico a los municipios de la zona.

La posible instalación de una mina en sus inmediaciones provocó el rechazo no solo de las autoridades locales, sino que también se unió un fuerte sector de la sociedad civil, quienes se concentraron el pasado 16 de septiembre en una multitudinaria marcha en Cuenca con la intención de paralizar el proyecto.

Además, el pasado lunes, La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (Foa), denunció una «persecución» contra sus dirigentes, a quienes la Fiscalía procesó por asociación ilícita, por «defender el agua y los derechos» de Quimsacocha. EFE

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