Muertes durante régimen de excepción en El Salvador llegan a la Corte Penal Internacional
San Salvador, 11 ago (EFE).- La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas y de las muertes reportadas por la ONG de personas encarceladas bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado.
Así lo informó este lunes la abogada Ingrid Escobar, directora de la organización que brinda asistencias legal gratuita a familiares de personas supuestamente detenidas arbitrariamente.
Escobar explicó a EFE que en el informe se ofrece un contexto sobre la polémica medida de excepción, un listado con los nombres de los más de 430 detenidos fallecidos en diferentes cárceles del país y un análisis de esas muertes.
De acuerdo con la abogada, este informe sería el primero en llegar a la CPI y espera que más organizaciones de derechos humanos «aporten más información sobre lo que sucede en El Salvador en el contexto del régimen de excepción».
Además, se informa a la Corte Penal -un tribunal de justicia internacional que se rige por el Estatuto de Roma- sobre los posibles delitos cometidos por el Estado salvadoreño durante la implementación del régimen como «desaparición forzada de cientos de personas, torturas, detenciones arbitrarias y, en general, graves tratos crueles inhumanos y degradantes en el sistema penal de El Salvador», indicó Escobar.
El SJH ha presentado informes sobre el régimen de excepción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU, añadió.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 31 de agosto la prórroga número 41 del régimen de excepción, por lo que la medida -que suspende algunas garantías constitucionales como el derecho a la defensa- está vigente por otros 30 días más.
Bajo este régimen se han registrado más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 430 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Además, recientemente se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del Gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La medida fue aprobada como extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio pandillero y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo. EFE
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