Mujer indígena pasó 5 años en prisión por denunciar acoso sexual de un diputado en Bolivia

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 13 mar (EFE).- La aimara Rosa Quiroga, que estuvo encarcelada por cinco años tras denunciar el acoso sexual por parte de un diputado, se ha convertido en Bolivia, para varias abogadas y activistas, en un «ejemplo» contra la violencia institucional que castiga a las mujeres que se atreven a reclamar estas agresiones.

«Lo que estoy pidiendo es justicia, que se dé cumplimiento a la ley (…) me encuentro delicada de salud, estoy desempleada, estoy esperando desde cero, he sido perjudicada y traumada por el acoso sexual que he sufrido», dijo Quiroga a EFE.

Quiroga consiguió la absolución judicial en 2023 tras la acusación que el ahora exdiputado del partido Unidad Democrática (UD) Santos Paredes Mamani y su suplente, Inés Lopez Quispe, presentaron en su contra por supuesta falsedad ideológica y abuso de firma en blanco, en lo que ella dice fue una represalia a su denuncia contra el Paredes.

También exige una declaración de inocencia y que el Estado boliviano asuma la reparación integral de los daños ocasionados y si es necesario acudirá a organismos internacionales.

«Rosa Quiroga es el ejemplo de todo lo malo de la administración de la justicia en Bolivia», mencionó a EFE la abogada Audalia Zurita.

La también jurista Elena Attard, de la Clínica Jurídica de la privada Fundación Construir, sostuvo que Rosa es una «sobreviviente» de un caso en el que existió «tortura, tratos crueles y degradantes».

Camino tortuoso

Rosa Quiroga, con 34 años, entró a trabajar a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara baja a principios de 2015, tras conocer a la entonces diputada suplente Inés Lopez, para ser su «auxiliar de oficina».

Al poco tiempo, dice Quiroga, empezaron las insinuaciones de Paredes, entonces presidente de la comisión, quien insistentemente le pidió que hiciera viajes con él e incluso la obligó a acompañarlo en eventos sociales para pasar tiempo a solas con ella.

«Me dijo: yo soy el jefe y aquí vas a hacer lo que yo ordene, (pero pese) a tanta insistencia nunca cedí», relató.

Quiroga contó el problema a Lopez, quien le recomendó que «haga su trabajo» y le prometió que canalizaría su reclamo y que, de ser necesario, denunciaría a Paredes ante la Comisión de Ética de Diputados.

Rosa denunció el caso ante la Fiscalía en noviembre de 2015, pero fue despedida. Al año siguiente, el Ministerio Público imputó a Paredes, pero el proceso tuvo interrupciones permanentes.

En abril de 2017, Rosa asistió a la audiencia judicial por la denuncia que presentó, pero nuevamente se suspendió. Sin embargo, instantes después la detuvieron por una acusación que la diputada Lopez interpuso en su contra.

La abogada Zurita dijo que Lopez envió «tres cartas» a la Comisión de Ética de la Cámara baja «denunciando los hechos ocurridos» contra Rosa Quiroga, pero la legisladora cambió su versión y dijo que «esos tres papeles ella (Lopez) los firmó en blanco».

«En minutos me han llevado a celdas judiciales y estuve ahí 10 días en el calabozo (…) en la audiencia me han sindicado de terrorista (…) yo no tenía dinero, ni abogado», afirmó.

Quiroga relató que no tenía una cama dónde dormir en prisión, que bajó de peso y comenzó a sentir dolores en los huesos debido a que en el penal femenino donde estaba se ordenaba que las reclusas salgan de sus celdas a las 7 de la mañana y permanezcan en el patio sin importar las condiciones del tiempo.

«Estaba desnutrida y desahuciada. Mis cabellos (eran) blancos, andaba como una abuela de 80 años», recordó.

Por recomendación médica, Rosa se cortó las largas trenzas y dejó la vestimenta tradicional de las cholitas, las aimaras bolivianas, debido a la anemia.

Tras cuatro años en prisión, Rosa salió del penal para cumplir detención domiciliaria, mientras que los jueces insistieron en que «se declare culpable» para deshacerse de los trámites legales, según indicaron sus abogadas.

Rosa Quiroga fue absuelta en septiembre de 2023, pero el proceso está en apelación porque su defensa pide una declaración de inocencia y que el Estado boliviano asuma la reparación integral de los daños ocasionados y acudirán a la justicia internacional de ser necesario.

Attard señaló que esta situación «cuestiona los pilares de la independencia judicial», el rol del sistema judicial y penal, la Magistratura y del poder Legislativo.

El caso de Rosa Quiroga «es una criminalización a la denuncia a las mujeres víctimas de un espacio laboral machista, misógino, que no tolera que las mujeres levanten la voz», dijo a EFE Susana Saavedra, presidenta de la Fundación Construir. EFE

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