Oposición turca denuncia un «golpe judicial» del Tribunal Supremo contra el Constitucional

Ankara, 9 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Turquía está ejecutando un «golpe judicial» contra el Tribunal Constitucional, al negarse a acatar sus sentencias, denuncia este jueves el partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, que exige un debate parlamentario al respecto.

La protesta viene después de que ayer, la sala tercera del Tribunal Supremo emitiera un dictamen negándose a acatar una sentencia del Constitucional que exige poner en libertad al jurista encarcelado Can Atalay, asegurando que los magistrados de la alta corte asumen funciones que no le corresponden y abrió incluso una investigación contra ellos.

Atalay, condenado a 18 años de cárcel por «intento de derrocar al Gobierno» por participar en las protestas antigubernamentales de Gezi en 2013, fue elegido diputado en mayo pasado, mientras estaba en prisión preventiva, y antes de que su sentencia fuera confirmada por el Supremo, que la ratificó en septiembre pasado.

Sin embargo, el 25 de octubre, el Constitucional dictaminó que Atalay no debería haber sido juzgado después de convertirse en parlamentario, por lo que ordenó su puesta en libertad, enviando la sentencia al Supremo para que la aplicara, a lo que este ahora se niega.

«Esta decisión del Supremo es un intento de golpe de Estado contra el Parlamento y la Constitución. Esto hunde la República de Turquía en una crisis judicial y debemos resistirla», dijo el nuevo dirigente del CHP, Özgür Özel, elegido el fin de semana pasado.

«Invitamos al pueblo a resistir este golpe», dijo Özel.

En el pasado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido varias veces abiertamente el desacato de decisiones judiciales si eran contrarias a lo que considera la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

La federación de colegios de abogados turcos (TBB) también ha calificado la decisión del Supremo de «intento de cambiar el orden constitucional» y ha invitado a la Judicatura a abrir una investigación criminal contra los jueces que la firmaron.

Según la Constitución turca, el Constitucional es el máximo órgano judicial y sus decisiones son vinculantes para todas las instancias, incluido el Supremo.

El ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç, en cambio, ha calificado como «muy equivocadas e irresponsables» las declaraciones del CHP, asegurando que «a nadie le beneficia llamar a protestar en la calle con pretexto de unas decisiones judiciales» y pidiendo que «las problemas de la Judicatura se resuelvan por mecanismos judiciales». EFE

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