Países de la UE adoptan posición para futura ley de protección para adultos vulnerables
Bruselas, 6 mar (EFE).- El Consejo de la Unión Europea acordó este viernes su posición sobre una futura ley que garantizará los derechos de adultos que necesitan protección o apoyo en situaciones transfronterizas como la venta de propiedades, la atención médica en el extranjero o la reubicación en otro país.
Esta nueva legislación busca proteger los derechos de los adultos que, por ejemplo, debido a enfermedades como el Alzheimer, ya no pueden tomar decisiones sin el apoyo de familiares o un tutor con un reglamento que «garantizará el respeto de su derecho a la autonomía, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, al desplazarse dentro de la UE», explicó el Consejo en un comunicado.
«Cuando las personas se vuelven vulnerables debido a una condición de salud, la ley debe ofrecer protección. El acuerdo de hoy garantizará que los adultos, y especialmente las personas mayores que dependen de la ayuda de otros, puedan seguir viendo reconocidas sus decisiones dondequiera que se desplacen dentro de la UE», dijo Costas Fytiris, ministro de Justicia y Orden Público de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión.
Estas reglas determinan qué tribunal u otra autoridad es competente para tomar medidas de protección en un caso transfronterizo, qué ley se aplica y cómo se reconocen y ejecutan las decisiones o poderes de representación establecidos en el extranjero.
El Consejo, basándose en una orientación general parcial alcanzada en junio de 2025, llegó hoy a un acuerdo sobre otras disposiciones relativas a la residencia de un adulto y la creación de un certificado europeo de apoyo y representación.
El texto acordado hace referencia al procedimiento previsto en el Convenio de La Haya de 2000 sobre la Protección de los Adultos, que permite a un Estado miembro oponerse al internamiento de un adulto en su territorio.
La Comisión Europea propuso la creación de un certificado europeo de apoyo y representación que facilite a los representantes la acreditación de sus poderes en otro Estado miembro, para lo que el Consejo aclaró que éste podría utilizarse también para demostrar que el representante está autorizado a prestar asistencia al adulto en cuestión.
La posición del Consejo deja al arbitrio del Derecho nacional determinar si el certificado tiene efectos jurídicos en dicho Estado miembro, así como la designación de una autoridad competente de otro Estado para la representación de un adulto vulnerable si así lo permite la legislación nacional de dicho país.
El Consejo también retiró la propuesta de la Comisión de establecer registros interconectados para proporcionar información sobre las medidas de protección en otro Estado miembro para «evitar, por el momento, una carga administrativa adicional».
Para garantizar la seguridad jurídica transfronteriza, el reglamento prevé el reconocimiento automático de las medidas de protección adoptadas en otro Estado miembro con pocas excepciones, y también garantiza que los instrumentos públicos, como las actas notariales, tengan el mismo valor jurídico en otros Estados miembros que en el país donde se emitieron.
El acuerdo alcanzado hoy servirá de base para que el Consejo inicie negociaciones con el Parlamento Europeo para acordar un texto jurídico definitivo. EFE
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