El Estado panameño elude su responsabilidad sobre el jarabe tóxico
Ciudad de Panamá, 15 mar (EFE).- Más de 15 años después de que se descubriera el envenenamiento masivo de pacientes del seguro social de Panamá con un jarabe tóxico, el Estado sigue evadiendo la responsabilidad de dar respuesta y apoyo a muchos afectados que han quedado discapacitados de por vida, denunció este martes el líder de un comité de víctimas.
“El Estado, a través del Gobierno, en este caso el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Tiene que ayudar a las víctimas”, afirmó a la Efe el líder del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual.
Un grupo de víctimas, algunas en sillas de ruedas, bloquearon este martes la carretera interamericana a la altura de la ciudad de Divisa, en la provincia de Herrera, para reclamar la entrega de unos certificados que son indispensables para que tengan derecho a una pensión especial vitalicia, actualmente de 800 dólares.
Pascual explicó que en octubre pasado el presidente panameño, Laurentino Cortizo, “pidió tiempo, hasta enero de 2022” para la entrega de más certificaciones, que además dan “beneficios en cuanto a las atenciones médicas y los medicamentos”, pero a estas alturas de marzo no ha pasado “nada”.
“Hay aproximadamente 1.000 personas en espera de ser certificadas y esa tarea le corresponde al Ministerio de Salud (Minsa). No vemos voluntad” en la cartera sanitaria para adelantar los trámites, “que son técnico-administrativos”.
Pascual aseveró que “la certificación la emite en una primera instancia la Fiscalía”, que investigó y determinó junto con Medicina Legal quiénes eran víctimas, “y luego le corresponde al Minsa entregarla”.
Una ley de 2015 sobre el criterio para certificar “es clara: no vemos cuál es la complicación”, agregó Pascual, en referencia a unas declaraciones de la viceministra de Salud, Ivette Berrio, sobre lo complejo del proceso de certificación.
En un comunicado, el Minsa aseguró que se han “mantenido los canales de diálogo” con las víctimas del envenenamiento y que “no se ha parado de hacer las evaluaciones” mediante una comisión con “médicos especializados quienes recolectan toda la información para luego hacer las evaluaciones”, destacó.
“Se han entregado más de 300 certificaciones” durante la administración de Cortizo (2019-2014) que “ha retomado la evaluación de los expedientes para dar las respuestas a los afectados por el Dietilenglicol”, afirmó Berrío en un breve comunicado.
DISCAPACITADOS DE POR VIDA, UN OBSTÁCULO PARA TRABAJAR O ESTUDIAR
En octubre de 2006 salió a la luz pública el caso del envenenamiento masivo, que se dio entre 2004 y ese año con la distribución de un jarabe para la tos que resultó tóxico porque la CSS lo formuló con dietilenglicol, un refrigerante industrial.
“Se dieron 110.000 recetas, se distribuyeron 220.00 envases. Imagine el impacto. Pero en el Ministerio Público se han presentado solo 3.000 denuncias, una cantidad mínima”, dijo Pascual.
Recordó que durante el proceso penal por este caso, “la Fiscalía presentó una lista de unas 16.000 personas que no estaban dentro del grupo de afectados (porque no presentaron denuncias) pero que aparecían en un padrón de registro porque se les dio el medicamento”.
Las víctimas son de todas las edades, muchos eran niños cuando fueron envenenados. Más de 800 han muerto, con una media de 20 a 25 personas por año desde el 2015, dijo Pascual.
Y los que han logrado sobrevivir padecen enfermedades en los riñones y problemas neurológicos que desencadenan debilidad física, somnolencia, dolores de cabeza y problemas gástricos, por lo que se les dificulta enormemente trabajar o estudiar.
“Muchas de las víctimas no pudieron seguir trabajando o estudiando” en las condiciones que lo hacían cuando estaban sanas. “El Estado panameño tampoco se ha comprometido a garantizarles un trabajo que tome en cuenta su condición, o una opción de estudio”, denunció Pascual. EFE
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