Pandemia y metadatos, claves de la próxima reforma constitucional de Portugal
Paula Fernández
Lisboa, 29 dic (EFE).- Portugal prepara la octava reforma de su Constitución con divisiones entre los partidos pero con la expectativa de que dos asuntos consigan salir adelante: la posibilidad de limitar libertades en las emergencias sanitarias y el acceso a los metadatos.
Casi medio siglo después de la entrada en vigor de la Carta Magna, el ultraderechista Chega decidió abrir el proceso para reformarla y los otros siete partidos del hemiciclo presentaron sus propios proyectos, con propuestas que van desde el cambio climático o el bienestar animal hasta la actualización del lenguaje del texto.
Pero todo apunta a que los cambios que logren avanzar vendrán del consenso entre los socialistas (PS, con mayoría absoluta) y el centro-derecha (PSD), los dos mayores partidos, para lograr los dos tercios de escaños necesarios para aprobar la reforma.
Las emergencias sanitarias y los metadatos, dos asuntos que han suscitado problemas jurídicos en los últimos años, son los mejor posicionados para salir adelante.
«Habrá acuerdo, ya que los dos proyectos (PS y PSD) contemplan soluciones compatibles», asegura a EFE el constitucionalista Carlos Blanco de Morais, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa.
¿CONFINAR EN PANDEMIAS?
La pandemia de coronavirus dejó lecciones -«ningún Estado europeo estaba debidamente preparado», dice el catedrático-, y es necesario superar los problemas legales que suscitaron las cuarentenas y confinamientos obligatorios, que chocan con el artículo 27 de la Constitución lusa (derecho a la libertad y la seguridad).
En Portugal se utilizó el estado de emergencia, el nivel de alerta más alto que contempla su ordenamiento jurídico, que algunos expertos consideraron excesivo para lidiar con la situación de pandemia.
Ahora, PS y PSD proponen añadir una línea al artículo 27 para permitir la privación de libertades por razones sanitarias.
Blanco de Morais considera que este cambio crearía condiciones para una nueva ley sanitaria que permita limitar derechos, pero hay otros constitucionalistas que ven riesgos en esta fórmula.
Es el caso de Teresa Violante, que teme que se siga una tendencia ya vista en otros países, «de volver el régimen de derechos fundamentales más restrictivo y menos garantista desde el punto de vista de las libertades individuales».
«Lo más importante sería adecuar el marco constitucional del estado de emergencia, hacerlo más flexible para las situaciones de pandemia», señala a EFE.
METADATOS, PROBLEMA DESDE 2008
Otro de los problemas que exigen una solución urgente es el de los metadatos, después de varios reveses del Constitucional -el último este año- a una ley de 2008.
La norma, que parte de una directiva europea de dos 2006, establece que los operadores deben preservar los metadatos de sus clientes durante un año para que las autoridades puedan tener acceso a informaciones de potenciales sospechosos criminales, lo que choca con la Carta Magna actual.
«Sería fundamental que la Constitución permitiese que, en el combate al terrorismo y la criminalidad, las autoridades pudiesen tener acceso a datos de tráfico y localización en las telecomunicaciones, con autorización judicial», refiere Blanco de Morais.
Tanto el PS como el PSD presentaron propuestas que parecen «razonables y van al encuentro de la jurisprudencia del Constitucional», según Violante, que no ve «condiciones políticas para que haya consensos en otras materias» más allá de las emergencias sanitarias y los metadatos.
Cambios menores, como la actualización del lenguaje del texto -«derechos humanos» en vez de «derechos del Hombre», por ejemplo- sí parecen plausibles, pero otros asuntos de fondo que acumulan décadas de divisiones, como la regionalización, parecen totalmente descartados.
Aun así, las propuestas de los partidos son amplias: cambio climático, acceso a agua potable, identidad de género o reducir la edad mínima para votar a los 16 años, entre otros.
El proceso arrancará en el Parlamento en enero con una duración inicial prevista de tres meses, aunque legalmente no hay establecido ningún plazo máximo para cerrarla, siempre y cuando no exceda el final de la presente legislatura (2026). EFE
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