Parlamento de Ecuador se reúne en provincia epicentro del paro entre rechazo de indígenas
Guayaquil (Ecuador), 28 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, de mayoría oficialista, celebró este viernes una sesión en la provincia norteña de Imbabura, epicentro de las protestas de septiembre y octubre pasados, lo que causó el rechazo de organizaciones indígenas locales y también del correísmo.
Las organizaciones del pueblo kichwa de Imbabura, articuladas en la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici) aseguraron en un comunicado que la sesión constituía «un agravio, una falta de respeto y una burla» hacia los pueblos y comunidades.
«Durante el paro, Imbabura fue escenario de heridos, mutilados, torturados, perseguidos y asesinados, producto de la represión ordenada por el presidente (ecuatoriano) Daniel Noboa. Frente a estos hechos gravísimos, la Asamblea Nacional guardó silencio, no exigió investigaciones, no demandó responsabilidades, no escuchó a las víctimas y prefirió aplaudir la política de bonos asistencialistas del Gobierno», señalaron las organizaciones.
A ese rechazo se unió Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), cuyos diputados no asistieron a la sesión en señal de protesta.
Juan Andrés González, líder del correísmo en el Parlamento, dijo en su cuenta de X que respaldaban a los ciudadanos «que se reivindican en la lucha y a las organizaciones sociales que se articulan para expresar lo que verdaderamente quiere la gente».
Por su parte, el presidente del Legislativo, el oficialista Niels Olsen, aseguró durante la sesión que el traslado a Imbabura no era «un gesto protocolario», sino una decisión de llevar «la política donde debe estar: cerca de la gente».
Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, terminaron el 22 de octubre sin que el Gobierno accediera a las exigencias del movimiento, y se saldaron con dos muertos, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, según organizaciones de la sociedad civil. EFE
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