Partido derechista retira propuesta para deducir extorsiones del pago de impuestos en Perú
Lima, 20 oct (EFE).- La bancada del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP) retiró un proyecto de ley que planteaba permitir que los contribuyentes peruanos descuenten del impuesto a la renta los pagos que pudieran hacer al crimen organizado por el delito de extorsión, informaron este lunes medios locales.
La retirada del proyecto, que fue planteada a iniciativa del legislador Luis Cordero Jon Tay, fue solicitado por el portavoz de la bancada parlamentaria de APP, el expresidente del Congreso Eduardo Salhuana.
Tras ser presentado la semana pasada, generó sorpresa y fuertes críticas contra la agrupación que lidera el empresario y precandidato presidencical César Acuña, quien hasta la pasada semana fue gobernador de la región norteña de La Libertad, una de las más afectadas por la ola de criminalidad que afecta al país, con gran incremento de las extorsiones y los casos de sicariato (asesinato por encargo).
Acuña renunció la semana pasada al cargo de gobernador regional con la intención de presentarse, por tercera vez, a la Presidencia de Perú en los comicios de abril próximo.
La iniciativa planteaba modificar un artículo de la ley del impuesto a la renta para que los contribuyentes que son «víctimas del delito de extorsión» puedan acreditar sus pérdidas, a través de una declaración jurada, con el fin de «proteger su vida, seguridad e integridad física» y la de su familia.
Expertos en legislación, parlamentarios de otras bancadas y exministros consideraron que se planteaba normalizar la actuación de la criminalidad y se podía afectar la lucha contra la delincuencia en el país, que es la principal exigencia de los peruanos en la actualidad.
Cordero ingresó al Parlamento en 2021 como integrante de la bancada de la alianza fujimorista Fuerza Popular, pero fue expulsado en 2023 de ese grupo por sus vínculos con Jorge Hernández Fernández, conocido por el alias de ‘El español’ e investigado por organización criminal y corrupción de funcionarios.
Perú afronta en los últimos meses un gran incremento de los delitos cometidos por organizaciones criminales, lo que ha llevado a que diversos sectores sociales convoquen paros y movilizaciones para exigir al Ejecutivo y el Congreso que tomen medidas efectivas para enfrentar el embate de la criminalidad.
El Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia varias regiones del país, especialmente en el norte, para combatir el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero los ataques contra transportistas, artistas, colegios privados y pequeños comerciantes siguen siendo denunciados cada semana. EFE
dub/fgg/psh
