Partido derechista retira propuesta para deducir extorsiones del pago de impuestos en Perú
Lima, 20 oct (EFE).- La bancada del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP) retiró un proyecto de ley que planteaba permitir que los contribuyentes peruanos descuenten del impuesto a la renta los pagos que pudieran hacer al crimen organizado por el delito de extorsión, informaron este lunes medios locales.
El retiro del proyecto, que fue planteado a iniciativa del legislador Luis Cordero Jon Tay, fue solicitado por el portavoz de la bancada parlamentaria de APP, el expresidente del Congreso Eduardo Salhuana, según precisó la información.
Tras ser presentado la semana pasada, generó sorpresa y fuertes críticas contra la agrupación que lidera el empresario y precandidato presidencical César Acuña, quien hasta la pasada semana fue gobernador de la región norteña de La Libertad, una de las más afectadas por la ola de criminalidad que afecta al país, con gran incremento de las extorsiones y los casos de sicariato (asesinato por encargo).
Acuña renunció la semana pasada al cargo de gobernador regional con la intención de postular, por tercera vez, a la Presidencia de Perú en los comicios de abril del próximo año.
La iniciativa planteaba modificar un artículo de la ley del impuesto a la renta para que los contribuyentes que son «víctimas del delito de extorsión» puedan acreditar sus pérdidas, a través de una declaración jurada, con el fin de «proteger su vida, seguridad e integridad física» y la de su familia.
Sin embargo, expertos en legislación, parlamentarios de otras bancadas y exministros consideraron que se planteaba normalizar el accionar de la criminalidad y se podía afectar la lucha contra la delincuencia en el país, que es la principal exigencia de los peruanos en la actualidad.
Al respecto, el legislador Juan Burgos, del partido derechista Podemos Perú, declaró al diario La República que se estaría «legitimando las extorsiones y enviando al mundo el mensaje de que el Perú es incapaz de enfrentar al crimen organizado».
A su turno, el exministro de Justicia José Tello aseguró en sus redes sociales que «el Estado no puede normalizar el delito ni asumirlo como parte del sistema tributario», mientras que la exministra de la Mujer Rosario Sasieta se preguntó si los impulsores de esta iniciativa «¿quieren legalizar el delito?».
Un polémico parlamentario
Cordero ingresó al Parlamento en 2021 como integrante de la bancada de la alianza fujimorista Fuerza Popular, pero fue expulsado en 2023 de ese grupo por sus vínculos con Jorge Hernández Fernández, conocido por el alias de ‘El español’, e investigado por organización criminal y corrupción de funcionarios.
En agosto del año pasado, cuando integraba la bancada del partido derechista Somos Perú, planteó otro proyecto de ley para que los funcionarios condenados por corrupción que ya hubieran cumplido sus sentencias puedan postular a la Presidencia o vicepresidencias del país.
En marzo de 2024, también planteó otro proyecto para que se sancione a los fiscales cuando se produzca la «filtración» a la prensa de las declaraciones de colaboradores de la Justicia, mientras que octubre de 2023 el pleno del Congreso rechazó una propuesta de la Comisión de Ética para que se le suspenda durante 60 días, tras haber sido acusado de agredir a su expareja en la vía pública en 2014.
Perú enfrenta en los últimos meses un gran incremento de los delitos cometidos por organizaciones criminales, lo que ha llevado a que diversos sectores sociales convoquen a paros y movilizaciones para exigir al Ejecutivo y el Congreso que tomen medidas efectivas para enfrentar el embate de la criminalidad.
El Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia varias regiones del país, especialmente en el norte, para combatir el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero los ataques que se presentan, principalmente, contra transportistas, artistas, colegios privados y pequeños comerciantes siguen siendo denunciados cada semana.EFE
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