Pekín es acusado de repatriaciones de norcoreanos que tensan la diplomacia surcoreana

Seúl, 26 jun (EFE).– El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha prometido mejorar las relaciones con China y reactivar el diálogo con Corea del Norte, pero los testimonios de desertores sobre repatriaciones forzadas desde territorio chino, plantean un dilema para la nueva Administración.

Este dilema supone mantener la diplomacia o confrontar a Pekín por una práctica que, desde hace décadas, expone a los repatriados a tortura, abusos y ejecuciones.

En la segunda jornada del foro organizado en Seúl por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, varios desertores detallaron los castigos que sufren quienes son devueltos a Corea del Norte tras intentar huir, en muchos casos después de años de vida en la clandestinidad en China.

La ONU estimaba en septiembre de 2023 que entre 1.500 y 2.000 norcoreanos se encontraban detenidos en territorio chino. Un mes después, medios surcoreanos reportaron la deportación masiva de unos 600 norcoreanos, desde China.

Testimonios de repatriación y abuso

El principio de no devolución, consagrado en el derecho internacional, prohíbe retornar a una persona a un país donde pueda enfrentar tortura, tratos inhumanos o persecución.

Sin embargo, los testimonios presentados denuncian que China sigue repatriando a ciudadanos norcoreanos pese al alto riesgo de abusos sistemáticos en su país de origen, que incluyen trabajos forzados, violencia sexual, desapariciones y ejecución.

Lejos de encontrar protección, los desertores, en su mayoría mujeres, terminan viviendo en la clandestinidad, sin documentos ni acceso a servicios básicos. Su estatus irregular las hace vulnerables tanto a la explotación como a la repatriación forzosa por parte de las autoridades chinas, que no las reconocen como refugiadas sino como migrantes ilegales.

La desertora Kim Jung-ah, líder de la organización Derechos para las Mujeres Norcoreanas (RFNK), citó una encuesta de su organización, realizada en 2023, que indica que el 44 % de las mujeres repatriadas han sido separadas de sus hijos en China o Corea del Norte.

Más de dos tercios reportan haber sufrido palizas por funcionarios del Departamento de Seguridad Estatal norcoreano, 17 % violencia sexual y 10 % abortos forzados.

Denunció que las mujeres embarazadas repatriadas son forzadas a abortar en condiciones infrahumanas si el padre del bebé es chino, incluso mencionó casos donde las autoridades practicaban los abortos sin tener clara la nacionalidad del padre.

Kim leyó el testimonio de una desertora que fue repatriada con una niña de tres años de padre chino. Como castigo, tuvo que abandonar a su hija en un orfanato y nunca volvió a saber de ella.

La desertora Choi Min-kyung, representante de una organización que apoya a víctimas de abuso en campos de prisioneros, compartió que fue repatriada en cuatro ocasiones antes de poder escapar y fue enviada a campos a centros de detención donde las detenidas llegan a sufrir torturas físicas, confinamientos solitarios y abusos sexuales.

«A las repatriadas se les castiga más severamente si tuvieron contacto con surcoreanos o practicaron alguna religión», dijo.

La repatriación, un tema incómodo para Seúl

El presidente Lee Jae-myung prometió en campaña, en mayo, que su Gobierno trabajará para mejorar de forma tangible la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, prometiendo asistencia humanitaria a familiares separados, prisioneros de guerra, secuestrados y desertores.

No obstante, dado que Lee también ha prometido impulsar la reconciliación intercoreana y restablecer lazos con Pekín tras años de tensión, estas prioridades diplomáticas podrían traducirse, una vez más, en silencio institucional frente a la violación del principio de no devolución, por no poner en riesgo la cooperación con ambos países y los diálogos de desnuclearización norcoreana.

Seúl arrastra una deuda histórica con los repatriados. Ni siquiera los gobiernos progresistas que abogaron por el diálogo con Corea del Norte han sido capaces de abordar este tema de forma sostenida. El previo Gobierno liberal de Moon Jae-in carga con un polémico precedente de un presunto, e inusual, caso de repatriación forzada desde el propio Sur.

En 2019, la Administración Moon deportó a dos pescadores norcoreanos, ignorando sus peticiones de asilo, aparentemente para evitar fricciones con Pionyang. Tres años después se divulgaron fotografías tomadas en la aldea fronteriza de Panmunjom que mostraban a uno de ellos forcejeando y resistiéndose a ser repatriado, lo que desató críticas dentro y fuera del país.

Las autoridades surcoreanas revelaron que los hombres habían confesado haber asesinado a 16 compañeros de tripulación antes de desertar, por lo que, según Seúl, no podían ser considerados refugiados. Sin embargo, organismos como Amnistía Internacional denunciaron que no se les garantizó un juicio justo.

Durante la previa Administración conservadora de Yoon Suk-yeol, que tenía una línea crítica sobre China, el Gobierno surcoreano criticó a Pekín por primera vez ante la ONU durante el Examen Periódico Universal de enero de 2024, pidiendo que respete el principio de no devolución.

La desertora Kim Jung-ah explicó que el asunto no debe abordarse como una carga diplomática sino como una responsabilidad moral. Su organización propone la consideración de reasentar a los desertores en otro país, definir el estatus legal de los niños nacidos en China y asegurar el acceso médico de las mujeres y niñas. EFE

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