Cientos de indígenas paralizan en protesta oleoducto de la Amazonía peruana
Lima, 5 oct (EFE).- Más de 200 indígenas han tomado la principal estación del Oleoducto Norperuano (ONP) y han obligado a paralizar el bombeo de petróleo en protesta contra unos compromisos que consideran incumplidos por parte del Gobierno nacional, según informaron este martes las organizaciones indígenas.
La toma de la Estación 5 del Oleoducto, ubicada en el municipio de Manseriche, que se encuentra en la amazónica región de Loreto, comenzó el lunes por la tarde en el marco de una huelga regional convocada por la Federación Nativa Awajún del Río Apaga (Fenara) y por los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP).
Los manifestantes exigen el cumplimiento de una serie de promesas hechas por gobiernos anteriores, en especial un fideicomiso para financiar la descontaminación de áreas impactadas por derrames de petróleo y construir una serie de infraestructuras de servicios básicos, como salud y educación.
La Fenara exhortó al Gobierno a “no provocar enviando policías” y abogó por “implementar un diálogo intercultural en el lugar de los hechos”.
“Es el resultado de haberse agotado las demandas de diálogo en la capital Lima”, aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez.
“Los dirigentes indígenas han estado en Lima más de 30 días “, afirmó Pérez, de la etnia huitoto.
Para liberar las instalaciones, piden además que el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudan personalmente a garantizar su pliego de reclamos, “un acuerdo que no tenga las características de incumplimiento de los gobiernos anteriores”, según acotó Pérez.
“Queremos acuerdos que se vayan concretando en función de un calendario y de unos presupuestos. Son luchas justas”, apostilló.
TRABAJADORES EVACUADOS
Después de evacuar a todos los trabajadores de la estación petrolera y paralizar el bombeo de crudo a través de la tubería, Petroperú anunció que tomará acciones legales contra los participantes en la toma de las instalaciones.
La compañía estatal consideró que estos hechos “constituyen un delito contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, así como coacción, violación domiciliaria, entre otros”.
Por su parte, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) lamentó en un comunicado que las instalaciones petroleras sean usadas una vez más como un instrumento de presión para forzar acuerdos y acciones del sector público.
Como consecuencia de la paralización del oleoducto, la SPH remarcó que la región de Loreto dejará de recibir el canon petrolero durante el tiempo que no se transporte crudo, justo en un momento donde el barril está a 80 dólares, su precio más alto desde 2018.
INTOLERABLE PARA EMPRESARIOS
En el mismo sentido se pronunció en otro comunicado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuyo director ejecutivo, Pablo De la Flor, opinó que este tipo de acciones no pueden ser toleradas.
El director del gremio minero y energético informó de que las operaciones de PetroTal en el Lote 95, ubicado igualmente en Loreto, son también “objeto de hostigamientos por parte de un grupo que amenaza con la ocupación ilegal de las instalaciones”.
Sobre este caso, De la Flor expresó su preocupación por que este tipo de acciones estarían siendo promovidas por “grupos con intereses particulares que desconocen los esfuerzos que se vienen realizando desde el Estado para dar cumplimiento al plan de cierre de brechas sociales que se aprobó en el año 2020”. EFE
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