Relatores de ONU recriminan a Perú por violencia hacia defensores ambientales

Lima, 26 ene (EFE).- Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas reiteraron al Estado peruano su «profunda preocupación» por los asesinatos y amenazas a defensores del medioambiente, de los derechos humanos y de los derechos indígenas, entre ellos a varios líderes nativos de la Amazonía peruana.

En una carta publicada este martes, estos cinco relatores de la ONU requirieron al Estado más información sobre las investigaciones de diversos casos registrados en los últimos meses y datos sobre el tipo de protección que se le ha brindado a las personas que se encuentran bajo amenazas.

La misiva está firmada por los relatores especiales para la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; para derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali, y sobre obligaciones de derechos humanos para el disfrute de un medioambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd.

También por las relatoras sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, y sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.

SEGUNDA ADVERTENCIA EN 5 MESES

Esta correspondencia es la segunda advertencia que hacen tres de estos cinco relatores al Estado en apenas cinco meses por la preocupación que les genera la violencia contra defensores ambientales y líderes indígenas a raíz de nuevos capítulos desde la anterior misiva.

Entre las nuevas víctimas hay varios indígenas que fueron amenazados después de presentar sus denuncias el 6 de octubre de 2020 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en la Amazonía peruana.

Allí se trataron entre otros casos, los del líder asháninka Berlín Diques, presidente de ORAU, filial en la región amazónica de Ucayali de la Asocianción Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la mayor federación indígena de la Amazonía peruana.

Desde el 12 de abril, Diques está amenazado por denunciar el asesinato de Arbildo Meléndez, muerto por enfrentar a invasores de tierras llegados a su comunidad para implantar monocultivos, practicar tala ilegal de árboles e instalar en zonas aledañas cultivos ilícitos de hoja de coca, materia prima de la cocaína.

En su intervención ante la CIDH, Diques también denunció la aquiescencia del Estado en el acaparamiento de tierras y la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por el narcotráfico para exportar la droga en avionetas.

AMENAZAS POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN

Similar es el caso de Miguel Guimaraes, presidente de la Federacíon de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), al que la CIDH otorgó medidas cautelares para su protección.

Guimaraes fue amenazado de muerte tras denunciar en la audiencia pública del pasado 6 de octubre los supuestos nexos entre la corrupción estatal y los asesinatos de las personas defensoras de los derechos medioambientales en la Amazonía peruana.

En la carta también está el caso de la irregular detención del abogado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) Carlos Rodríguez, pese a no tratarse de un caso enmarcado en la defensa del medioambiente.

Este letrado fue detenido cuando brindaba asistencia legal a los jóvenes detenidos durante las masivas protestas de noviembre pasado contra la polémica llegada al poder del expresidente interino Manuel Merino.

Rodríguez fue arrestado por policías vestidos de civil al negarse a entregarles su teléfono y documentación personal sin que ellos se identificasen antes como policías, algo que llevó a pasar 17 horas en la comisaría hasta que pudo recuperar la libertad.

ACUERDO DE ESCAZÚ ARCHIVADO

Los relatores de la ONU también lamentaron en su carta que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú desestimara ratificar el Acuerdo de Escazú suscrito por el Gobierno peruano el 27 de septiembre de 2018 junto a otros 11 países de Latinoamérica y el Caribe.

«El Acuerdo contribuye a dotar de confianza y certeza jurídica, prevenir conflictos socio-ambientales y garantizar la apropiación de los proyectos y actividades por las comunidades para asegurar que no se menoscaben los derechos de las personas», recordaron los relatores.

«En un momento en el que las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes en la región, el Acuerdo habría supuesto una muestra firme de su compromiso con la protección del medioambiente y los derechos humanos», añadieron.

No obstante, los relatores manifestaron su confianza en que próximamente el parlamento peruano pueda ser desarchivar la iniciativa y ratificar el Acuerdo en el futuro. EFE

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