Presión de los agricultores franceses para una ley que quita trabas y autoriza herbicidas

París, 26 may (EFE).- El principal sindicato agrícola de Francia organiza este lunes actos simbólicos de protesta, lo que incluye la presencia en París de una decena de tractores ante la Asamblea Nacional para presionar en favor de una proposición de ley que les eliminaría trabas y autorizaría insecticidas ahora prohibidos.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, ha subrayado en una entrevista a la emisora France Info que el objetivo de la manifestación de tractores ante la cámara de diputados no es «bloquear la capital», ni el de las demás acciones convocadas por el resto del país «fastidiar a los franceses».

Rousseau ha avanzado que entre hoy y el miércoles habrá acciones «en todos los departamentos» franceses.

En el centro de todo está el controvertido proyecto de ley impulsado por el senador conservador Laurent Duplomb, antiguo dirigente de la FNSEA, que comporta en particular una serie de disposiciones para suprimir obligaciones medioambientales para los agricultores.

Las más polémicas, en el artículo 2, suponen la autorización de insecticidas de la familia de los neonicotinoides, que están prohibidos en Francia desde 2018 por los daños que causan sobre todo en las abejas.

Rousseau ha justificado ese artículo porque esos productos no se pueden utilizar en Francia, pero sí en los otros 26 países de la Unión Europea, y ha insistido en que si la proposición de ley saliera adelante se podrían utilizar pero sólo «de forma derogatoria» y para cultivos específicos para los que consideran que no hay otra alternativa para las principales plagas.

En especial, esos insecticidas se usan para tratar ataques en la patata, la remolacha y la avellana.

Para la FNSEA, privarse de esos principios activos únicamente en Francia significa en la práctica dejar de producir en el país e importar del extranjero, donde sí están autorizados.

Según su presidente, hay que continuar la investigación para encontrar alternativas, pero entre tanto «necesitamos esta derogación».

Otras partes del texto se han redactado para reducir las exigencias administrativas y de reglas medioambientales para la construcción de granjas o de balsas de riego.

El problema para esta proposición de ley es que dos partidos de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI) y los Ecologistas, han presentado cerca de 3.500 enmiendas que corren el riesgo de impedir en la práctica su tramitación en la Asamblea Nacional porque su examen agotará el tiempo parlamentario que tiene atribuido.

Para tratar de salvar ese obstáculo, la derecha -en una iniciativa respaldada por la mayor parte de los sindicatos agrícolas- contempla someter a voto una moción de rechazo que permitiría puentear el paso por Asamblea y adoptar el texto a partir de una comisión mixta de las dos cámaras parlamentarias, en la que el peso del Senado, donde hay una mayoría conservadora mucho mayor, sería decisiva. EFE

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