¿Qué es el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés que condenó a muerte a Hasina?
Nueva Delhi, 18 nov (EFE).- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, en inglés), que condenó el lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a la pena de muerte, es una corte nacional creada por el Parlamento bangladesí cuya competencia se limita al territorio del país.
Según explicaron a EFE expertos en derecho internacional, pese a su nombre, el ICT no tiene carácter internacional ni reconocimiento fuera de Bangladés y actúa como un tribunal especial dentro del sistema judicial del país.
«A pesar de su nombre, se trata de un organismo nacional y, por lo tanto, no tiene relevancia internacional», declaró a EFE Manav Kapur, historiador del derecho indio y académico experto en derecho internacional.
«Este tribunal solo tiene competencia para dictar sentencia en Bangladés y, a lo largo de la historia, ha sido criticado por su incapacidad para cumplir los elementos esenciales de un juicio justo”, agregó.
El tribunal fue establecido en virtud de la Ley del Tribunal Penal Internacional, promulgada en 1973 por el Parlamento de Bangladés, con el fin de detectar, enjuiciar y castigar a las personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes contemplados en el Derecho Internacional cometidos en el territorio de Bangladés durante la guerra de liberación de 1971.
La corte fue reactivada en distintas etapas: bajo el mandato de Sheikh Hasina en 2009 y durante el actual gobierno interino de Muhammad Yunus, que la sucedió en el gobierno tras su dimisión en agosto de 2024.
El profesor de Derecho Internacional Fazil Jamal subrayó a EFE que la reciente sentencia de muerte ha sido «dictada por un tribunal nacional, específicamente reconvertido por el actual Gobierno provisional y formado por sus oponentes políticos».
Según Jamal, la condena «da la impresión de una venganza política y carece de la credibilidad de un proceso imparcial e independiente”.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado reiteradamente la falta de garantías procesales, la inadmisibilidad de algunas pruebas y el uso político del tribunal.
Tras la condena, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, afirmó en un comunicado que «la velocidad sin precedentes de este juicio in absentia y del veredicto plantea importantes preocupaciones sobre un juicio justo en un caso de esta escala y complejidad «.
La organización añadió que si bien Hasina contó con un abogado de oficio, el tiempo para preparar su defensa fue manifiestamente insuficiente. «Estas señales de parcialidad se ven agravadas por las denuncias que indican que no se permitió el interrogatorio de la defensa sobre las pruebas consideradas contradictorias», concluyó.
El futuro de Sheikh Hasina pasa por una palabra: extradición, y en ese proceso la India tiene un papel clave, ya que es el país donde la exmandataria permanece exiliada desde agosto de 2024.
La India y Bangladés cuentan desde 2013 con un tratado de reciprocidad en materia de extradición, pero su aplicación no es automática.
Expertos legales aseguraron a EFE que en los casos de naturaleza política no se aplica la reciprocidad, por lo que la clave será determinar si los cargos presentados encajan en esa categoría. EFE
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