Rector de la UCA señala procesos «injustos» y sin apego a «dignidad humana» en El Salvador
San Salvador, 15 nov (EFE).- El rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, Mario Cornejo, señaló la noche del sábado que en el país centroamericano se registran procesos «injustos» y sin apego a la «dignidad humana» contra personas detenidas en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
«Aunque la mayoría percibe una mejora en la seguridad, también sabemos que numerosas personas están siendo detenidas sin debido proceso ni con posibilidad de defensa. Nuestro Instituto de Derechos Humanos, junto a otras organizaciones, ha documentado al menos 6.889 denuncias de capturas arbitrarias», dijo Cornejo en el marco de la conmemoración de la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en 1989 a manos del Ejército salvadoreño.
Agregó que «todas estas personas, incluyendo a quienes hoy están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia, cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales, que están amparados en un régimen de excepción, procedimientos injustos, pues no están apegados al respeto de la dignidad de toda persona humana y a un estado de derecho».
El régimen de excepción, que deja más de 89.900 detenciones y ninguna condena a la fecha, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
Bukele ha reconocido que bajo este régimen se han detenido al menos 8.000 inocentes, que habrían recibido la libertad condicional y que pese al reconocimiento seguirían con procesos penales abiertos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 30 de octubre la 44 ampliación del régimen de excepción, bajo la justificación «de la aún existencia de grupos terroristas que de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos», según el decreto legislativo.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 450 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado. EFE
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