Refugiados afganos denuncian sufrir presiones de autoridades para expulsarlos de Pakistán

Islamabad, 19 mar (EFE).- Refugiados afganos denunciaron ser víctimas de presiones y haber sido exigidos a pagar sobornos a las autoridades paquistaníes para evitar ser expulsados de Pakistán, según recoge este miércoles un informe de Human Rights Watch (HRW), en el marco de una campaña de deportaciones de migrantes indocumentados iniciada en 2023.

«Trajeron camiones y arrestaron a la gente. Si no abres la puerta, entran por las ventanas. No les importan los niños ni las personas mayores. Conozco a personas con visados válidos que tuvieron que pagar entre 20.000 y 100.000 rupias paquistaníes (entre 70 y 400 dólares) para no ser arrestadas», asegura en su testimonio a HRW Zahra, una afgana que llegó a Islamabad en 2023.

La mujer, que afirmó que las operaciones para arrestar a los migrantes comienzan a altas horas de la madrugada, lo definió como «una experiencia traumatizante».

Estos arrestos forman parte de la campaña masiva de deportaciones que lanzó el Gobierno paquistaní a finales de 2023 con el propósito de expulsar a todos los migrantes indocumentados de su país, en su mayoría afganos.

Las autoridades estimaban en más de 1,7 millones la cifra de afganos que residían de manera ilegal en suelo paquistaní al comienzo del operativo. Más de 850.000 afganos indocumentados han sido expulsados ​​desde su inicio.

Sin embargo, fueron varios los afganos que denunciaron ante HRW los métodos ilícitos empleados por la Policía paquistaní para expulsarlos del país.

Uno de estos casos es el de Atifi, un afgano que dijo que fue deportado a Afganistán a pesar de que él y su familia poseían licencias temporales para residir en Pakistán, pero denunció que «la policía cortó las tarjetas» y les expulsó a Afganistán.

Esta situación ha extendido el temor entre la comunidad afgana en Pakistán. Hashema, que trabajaba como fiscal en Afganistán, confesó que le dio un candado a sus vecinos para que lo pusieran fuera de su hogar y que las autoridades creyeran que no había nadie dentro.

«Les di un candado a mis vecinos para que me encerraran, así creen que no estoy en casa. (…) Mi hija de cuatro años tiene fiebre desde ayer, pero no me atrevo a llevarla al médico», lamentó.

Otra afgana que reside en Islamabad afirmó que se habían realizado arrestos incluso en los colegios. Razón por la que Noor Mohamad señaló que había dejado de llevar a su hija de 13 años a la escuela.

La campaña de deportaciones se intensificará a partir del 1 de abril, cuando las autoridades comiencen a deportar a los migrantes afganos que residían hasta ahora legalmente en Pakistán como poseedores de tarjetas de ciudadanía afgana.

Según datos de la ONU, más de 800.000 afganos son titulares de una de estas tarjetas, que comenzó a emitir el Gobierno paquistaní en 2017 para ofrecerles un estatus legal de forma temporal. EFE

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