Relator ONU para Birmania denuncia una menor presión internacional contra la Junta Militar
Ginebra, 13 mar (EFE).- Las sanciones contra la Junta Militar birmana se han debilitado mientras los recortes en cooperación están minando la ayuda humanitaria al país, denunció el relator de la ONU para Birmania (Myanmar), Tom Andrews, quien advirtió que estas tendencias pueden tener efectos devastadores para la población.
«El actual clima geopolítico es poco propicio para avanzar en la defensa de los derechos humanos tanto en Birmania como en otras partes», lamentó Andrews este viernes, en su última intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya que su mandato finaliza en los próximos días.
Andrews subrayó que «los enfoques basados en la idea de que la fuerza da la razón están socavando el derecho internacional y los derechos humanos», por lo que pidió a los gobiernos comprometidos con las libertades fundamentales y la democracia que «den un paso al frente» a la hora de presionar a la Junta y dar ayuda humanitaria.
El relator estadounidense recordó que en los ya más de cinco años transcurridos desde el golpe militar más de 30.000 personas han sido detenidas por motivos políticos, entre ellas la consejera de Estado y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Al mismo tiempo, la Junta ha llevado a cabo devastadores ataques contra la población birmana: unas 100.000 viviendas han sido incendiadas y sólo en 2025 se registraron 1.140 bombardeos a objetivos civiles, recordó Andrews.
«La Junta ha desatado una crisis humanitaria cada vez más grave, usando el hambre y la privación como armas de guerra», denunció el experto de Naciones Unidas, quien señaló que casi un tercio de la población del país necesita asistencia humanitaria y 12 millones de personas experimentan niveles agudos de desnutrición.
El relator también recordó los abusos que continúa sufriendo el pueblo rohinyá, cuya persecución la pasada década propició ya entonces el éxodo de 1,3 millones de miembros de esta etnia musulmana a la vecina Bangladés.
El pasado año otros 6.500 rohinyás abandonaron Bangladés y el estado birmano de Rakáin, y 900 perecieron en el mar durante peligrosas travesías migratorias, recordó.
Andrews denunció que la Junta intentó en diciembre y enero obtener legitimidad internacional mediante la celebración de unas elecciones que sin embargo han sido ampliamente consideradas como ilegítimas. EFE
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