Seguridad y mano dura con la migración, claves de una política de Kast sin detallar
Javier Martín
Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El combate contra el crimen organizado y la mano dura contra la migración irregular son las principales banderas del ultraderechista José Antonio Kast, que esta miércoles 11 de marzo asume el poder con la promesa de «recuperar la grandeza de Chile».
Un lema tan grandilocuente y efectista, en clave casi electoral, que según los expertos choca con una realidad que no es ni tan rosa como la presenta la Administración saliente ni tan negra como la pinta el todavía presidente electo, que en las últimas semanas ha recuperado un discurso electoralista de corte «trumpista» para tratar de recuperar el relato.
Y que ha tenido eco en todos sus futuros ministros, con decenas de llamamientos a la comprensión y la paciencia ya que en seguridad y migración, dos de los temas que más preocupan a la población y que movilizaron gran parte del voto «no se solucionan en un día», como ha llegado a advertir el propio Kast.
Lo cierto es en los asuntos que más preocupan, la alta sensación de inseguridad, la migración y la penetración creciente del crimen organizado, el Gobierno entrante se va a encontrar con una reforma estructural emprendida por su predecesor que ha modernizado las instituciones y las ha reforzado desde el Ministerio de Seguridad como innovación principal y punto de partida.
Como recordó la exministra de Interior Carolina Toha en un reciente artículo, «ello se ha traducido en la creación de nuevas instituciones y en el refuerzo de las existentes».
«Hoy el país tiene una nueva arquitectura institucional que incluye el Ministerio de Seguridad Pública, el Sistema de Inteligencia del Estado, la Fiscalía Supraterritorial, el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, el Centro Integrado de Coordinación Policial, la Agencia de Ciberseguridad y el Servicio de Reinserción Juvenil», explicó.
«Estos avances requirieron un incremento presupuestario del 15 % y la aprobación de más de 60 leyes durante el Gobierno que termina. Como resultado, se han frenado y comenzado a revertir varias de las dinámicas más preocupantes que generaron el deterioro de la seguridad pública», agregó.
Frente a esta perspectiva, el programa presentado por Kast en materia de seguridad apenas ofrece detalles más allá de algunos puntos generales, como la necesidad de poner más policías en las calles, instalar más cámaras de seguridad y aplicar una política más represiva, pero sin especificar de dónde saldrán los recursos.
Un relato que, además, se ha visto matizado esta misma semana por las nuevas cifras oficiales, que por tercer año consecutivo confirmaron un descenso en el índice de homicidios —de 6,8 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 5,4 en 2025—, así como una caída en el robo violento de vehículos y una fuerte reducción de los ataques violentos en la llamada macrozona sur, escenario del conflicto entre el Estado, la industria agrícola y forestal y comunidades mapuche.
Aun así, la percepción de inseguridad sigue alta entre la población, debido principalmente a que los delitos son ahora más violentos y a que el crimen organizado se ha asentado en un país que un lustro atrás estaba al margen de este problema.
Política migratoria
La supuesta invasión de migrantes irregulares, principalmente venezolanos, y su identificación con la criminalidad es otro de los eslóganes de Kast, en la misma línea que la ultraderecha europea y el trumpismo.
En Chile hay cerca de un millón de venezolanos, la mayoría integrados en país y con un aporte a los ingresos fiscales de 1,03 % totales del país -equivalente al 0,15 % del PIB nacional- según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
«Si se eliminaran barreras de regularización y laborales, el aporte podría subir a 510 millones de dólares y esto elevaría el impacto al 1,28 % de la recaudación fiscal total», subrayó en un informe reciente este organismo dependiente de la ONU.
En la misma línea, Kast tampoco ha especificado cual será su política ni como la financiará, más allá de señalar que perseguirá a quienes hayan entrado de forma irregular y los expulsará del país.
Una declaración que en estas últimas semanas ha chocado con la realidad de las reticencias de sus vecinos, Perú y Bolivia, a acoger a los expulsados, y con el hecho de que Chile y Venezuela tienen las relaciones bilaterales rotas.
Además, su política de blindar la frontera, que tampoco ha detallado como financiará, se contradice con los números, que también marcan una tendencia a la baja: según cifras oficiales los ingresos irregulares han descendido un 54 % respecto a la crisis cuatro años atrás. EFE
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