Senador mexicano niega contacto con autoridades de EE.UU. y rechaza nexos con narcotráfico
Ciudad de México, 17 may (EFE).- Enrique Inzunza, senador oficialista mexicano y ex alto cargo clave del estado de Sinaloa, negó este domingo las informaciones sobre contactos con autoridades de EE.UU., en medio de crecientes presiones por acusaciones contra ex representantes públicos de México señalados de proteger al cártel de Sinaloa.
Inzunza es uno de los diez dirigentes mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Quien fuera secretario general de Gobierno de Sinaloa (2021-2024) no se había pronunciado públicamente hasta ahora sobre esas acusaciones difundidas a finales de abril, y rompió el silencio este domingo en redes sociales para negar cualquier contacto con autoridades de Estados Unidos.
Así, Inzunza rechazó «firmemente» las imputaciones en su contra, que calificó como «mendaces» y sin sustento, y aseguró que ello «quedará demostrado en su momento».
Al mismo tiempo, negó tener «contacto alguno con autoridades extranjeras» y afirmó que no tiene ni contratará abogados porque «no hay razón para ello».
«Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales», aseveró el abogado de profesión.
El senador oficialista añadió que ha servido «con rectitud» a México y Sinaloa, estado del noroeste del país, durante toda su trayectoria pública, defendió su honestidad e integridad y mencionó que permanece en ese estado «con los suyos».
Las declaraciones de Inzunza llegan tras las informaciones periodísticas que señalaron que el senador se habría sumado a conversaciones con autoridades estadounidenses, después de que dos ex altos cargos de Sinaloa se entregaran a Estados Unidos.
Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses en medio de las acusaciones de proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa.
Y es que ellos dos también forman parte de un grupo de diez funcionarios, incluido el gobernador oficialista Rubén Rocha Moya, señalados por Estados Unidos de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas a cambio de supuestos sobornos millonarios.
Según informaciones difundidas el viernes, Mérida y Díaz negocian con fiscales estadounidenses como posibles testigos cooperantes.
Hasta ahora, el Gobierno mexicano no se ha pronunciado oficialmente sobre las entregas, mientras la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que «ningún gobierno extranjero» definirá el rumbo de México. EFE
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