SIP: «Graves violaciones a libertad de prensa» en Ecuador de parte de crimen y Gobierno
Punta Cana (República Dominicana), 19 oct (EFE).- Los medios de comunicación de Ecuador han sufrido este año graves violaciones a la libertad de prensa -a través de agresiones y amenazas de partes de la delincuencia y hostigamiento estatal a voces críticas- denuncia el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprobado este domingo durante su octogésima primera asamblea general, que se celebra en Punta Cana (República Dominicana).
El informe indica que las agresiones físicas y amenazas de muerte contra periodistas que investigan al crimen organizado, así como el hostigamiento judicial, persecución y discursos estigmatizantes de parte de altas autoridades del Estado contra medios críticos son las formas como la prensa ha sido amenazada en 2025 en el país andino.
El documento no recoge las muertes violentas de periodistas registradas este año como la de Patricio Aguilar, director del medio comunitario El Libertador, en la convulsa provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia; y de Xavier Ramos, colaborador del diario El Universo, en la ciudad de Guayaquil.
Entre los ataques más alarmantes reflejados en el documento figura el atentado armado al que sobrevivió el periodista Marcelo Ruiz, corresponsal en la costera provincia de Manabí para el canal bajo administración estatal TC Televisión, quien quedó gravemente herido.
En agosto, Marco Cadena, director del portal La Naranja, renunció a su medio debido a amenazas de muerte, hostigamiento digital y vigilancia contra su familia en Imbabura, después de que denunciara en su medio vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.
La judicialización del periodismo continuó como un patrón preocupante, indicó la SIP al reseñar varios casos de periodistas locales que fueron denunciados ante la Justicia por sacar a la luz actos de corrupción de distintas autoridades.
Ataques del Gobierno en redes sociales
La SIP constató que funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios.
«La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, descalificó públicamente a Expreso (diario guayaquileño) acusándolo de ‘mentir’ sobre los apagones» que se registraron hace un año en Ecuador y que se prolongaron por hasta catorce horas diarias durante más de dos meses, como consecuencia de una grave sequía en la cuenca donde se ubican las principales centrales hidroeléctricas del país, según recordó la SIP.
«El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, vinculó a los diarios Expreso y Extra (ambos de Guayaquil) con supuestos esquemas de evasión tributaria, antes de que existiera investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política», añadió el organismo internacional.
«En paralelo, el ‘influencer’ afín al oficialismo @conejooligarca hostigó a medios como Ecuavisa, Teleamazonas y al caricaturista Bonil, reforzando la narrativa de “enemigos del pueblo” utilizada por el propio presidente contra la Corte Constitucional», agregó el documento.
Así mismo, el caricaturista Bonil y la periodista de investigación Sara Ortiz, del diario Expreso, fueron descalificados y tildados de “terroristas” desde cuentas oficiales por funcionarios de alto rango.
Agresiones y deportación
Más recientemente, en el marco de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra el Gobierno de Noboa, se registraron agresiones y restricciones a la prensa y organizaciones sociales.
El informe de la SIP denuncia el congelamiento de cuentas bancarias a las fundaciones Pachamama y Alianza Ceibo; represión en comunidades indígenas del norte y ataques físicos y digitales a periodistas durante las protestas.
Numerosos comunicadores fueron golpeados, amenazados o excluidos de espacios oficiales, mientras se reportaron bloqueos de internet e intentos de censura en redes sociales. También se documentaron casos de hostigamiento interno dentro del movimiento indígena, registra el texto.
El informe de la SIP no recogió el reciente caso del activista español Bernat Bidegain, conocido en redes sociales bajo el pseudónimo de Pelo Fuego, quien reportaba sobre las protestas en Ecuador desde las zonas de las movilizaciones, lo que llevó al Gobierno de Noboa a detenerlo y deportarlo a España, por considerarlo una amenaza para la seguridad interna.
La SIP también denunció los ataques con acusaciones infundadas y la revelación de información personal del empresario Xavier Jordán, investigado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, contra las hijas de este, Amanda y Tamia Villavicencio. EFE
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