Sociedad civil rechaza el proyecto de ley de ONG por limitar derechos asociativos en Túnez

Túnez, 7 nov (EFE).- Ocho organizaciones de la sociedad civil rechazaron el proyecto de ley de asociaciones, presentado el pasado 10 de octubre en el Parlamento de Túnez, al considerar que amenaza la independencia de las ONG y otorga el control al Gobierno sobre su establecimiento, actividades y financiación.

«Uno de los últimos contrapesos que quedan al gobierno autocrático del presidente Kais Said», valoraron las organizaciones en un comunicado en el que defienden la actual legislación, «que permitió el surgimiento de una sociedad civil diversa tras la revolución de 2011 en Túnez».

Según el proyecto de ley que debate la Cámara, el Ministerio de Exteriores puede emitir autorizaciones temporales y revocarlas para organizaciones internacionales, además de suspenderlas a su propia discreción (artículo 20).

Con la actual legislación, 24.000 organizaciones están registradas, aunque se desconoce cuáles siguen activas, por el procedimiento de «notificación» en lugar de «autorización previa», recomendado por la ONU en favor de la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Además, el preámbulo del proyecto legislativo recoge que las asociaciones deben operar de acuerdo con los «principios de orientación nacional», sin «violar las leyes relacionadas con las buenas costumbres», «perturbar la seguridad pública», «socavar la unidad del territorio nacional y el sistema republicano», según la nota de denuncia de las organizaciones.

Las signatarias son la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Human Rights Watch (HRW), Euromed Rights, Abogados Sin Fronteras (ASF), Access Now, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); Instituto Tahrir para la Política Pública de Oriente Medio; y el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR).

«Si el proyecto de ley se aprueba en su forma actual, las autoridades podrían interpretar sus numerosas y vagas disposiciones para prohibir o disolver asociaciones (…) prohíbe el establecimiento de asociaciones por motivos religiosos o étnicos», alertaron.

Estas ONG denunciantes consideran también que las disposiciones sobre financiación extranjera del proyecto están «abiertas a abusos y pueden utilizarse para castigar y rechazar la financiación de organizaciones críticas con el Gobierno».

«Desde el 25 de julio de 2021, el presidente Said ha desmantelado las instituciones democráticas de Túnez, socavado la independencia judicial, reprimido el ejercicio de la libertad de expresión y la disidencia», reprobaron las organizaciones que defienden la actual ley en vigor, Decreto-ley 88. EFE

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