Solo el 2 % de denuncias por trata de personas en Perú terminan en condena, alerta informe
Lima, 12 mar (EFE).- Solo 2 de cada 100 denuncias por trata de personas en Perú acaba en sentencia condenatoria, alerta un informe realizado por la organización CHS Alternativo que indica que este delito continúa expandiéndose en el país andino con altos niveles de impunidad.
«La trata de personas continúa expandiéndose en el Perú en un contexto marcado por altos niveles de impunidad, debilidades institucionales y una limitada asignación de recursos para enfrentar el delito», indica el décimo ‘Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030’, presentado este jueves en Lima.
El estudio analiza la implementación de la política pública en los últimos años e identifica brechas críticas en la capacidad del Estado para prevenir el delito, proteger a las víctimas y sancionar a las organizaciones criminales.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el nivel de impunidad que existe en el sistema de justicia.
Por ejemplo, entre 2023 y 2025, solo el 2 % de las denuncias por trata de personas terminaron en condena, «lo que evidencia las dificultades para investigar y sancionar eficazmente a las redes criminales dedicadas a esta actividad».
El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, explicó que la inestabilidad política ha afectado la continuidad de las estrategias de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
«Desde 2021, Perú ha tenido 5 presidentes y 17 ministros del Interior, una rotación que sin duda impacta en la capacidad del Estado para sostener políticas públicas de largo plazo frente a delitos complejos como la trata de personas», remarcó.
También advirtió que existe una brecha significativa entre los recursos que se requieren para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y los que realmente se asignan.
Aunque en 2023 la organización estimó que se necesitaban al menos 1.159 millones de soles (336 millones de dólares) para ejecutar adecuadamente las acciones previstas en la política, en los últimos años el Estado ha destinado apenas cerca del 1 % de ese monto.
El presupuesto específico destinado a combatir este delito apenas supera los 11 millones de soles, lo que representa menos del 0.005 % del presupuesto nacional.
“Esta situación tiene efectos directos en la protección de las víctimas. El informe ha encontrado que, de los 17 servicios previstos en la política pública para la atención y reintegración, solo 4 recibieron asignación presupuestal», agregó Valdés.
Por otro lado, el informe indica que existen problemas de interoperabilidad entre los registros oficiales que dificultan contar con cifras claras sobre el número real de víctimas.
Mientras la Fiscalía registró 2.692 víctimas en 2025, el Ministerio del Interior reportó solo 384 casos en el mismo periodo, lo que evidencia «la falta de integración de la información estatal».
“Sin recursos suficientes es muy difícil consolidar políticas públicas sostenibles. La lucha contra la trata requiere financiamiento adecuado, coordinación entre instituciones y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar resultados”, explicó Valdés. EFE
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