Bruselas propone registros nacionales que arrojen luz al ‘lobby’ de países terceros en UE
Estrasburgo (Francia), 12 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) planteó este martes crear registros en todos los países de la Unión Europea (UE) para reforzar la transparencia sobre las actividades de países terceros que busquen influenciar los procesos legislativos en los Estados miembros, en forma de bases de datos que incluirían información sobre qué intereses persiguen estas actividades de ‘lobby’.
Bajo la propuesta de Bruselas, toda entidad que quiera llevar a cabo «actividades de representación de intereses» de un país tercero en un Estado miembro tendrá que registrarse en una base de datos donde se hará pública información como los objetivos de ese ‘lobby’, en nombre de qué países se hace o cuánto dinero se dedica a ello.
Además de los propios países terceros, las entidades cubiertas por la iniciativa pueden ser también firmas de relaciones públicas, institutos de relaciones públicas, centros de pensamiento o consultores que ofrezcan este tipo de servicios.
Al entrar a formar parte de estas bases de datos, todos estos organismos recibirían un número de registro que tendrían que aportar a la hora de entrar en contacto directo con autoridades públicas en los Estados miembros.
Ante un 81 % de la ciudadanía europea que cree que las injerencias extranjeras en la democracia son un problema grave, la Comisión Europea quiere armonizar la cacofonía de sistemas nacionales actuales, con quince Estados miembros que tienen registros de transparencia con requisitos heterogéneos y los otros doce sin ningún tipo de base de datos para recopilar esta información.
Tener estándares mínimos comunes en toda la UE permitiría, según Bruselas, «mejorar el conocimiento» sobre la «magnitud, tendencias y actores de interés» que intentan influir en la tramitación de leyes en los Estados miembros en nombre de países terceros.
«La propuesta no prohíbe ninguna conducta, simplemente requiere que ciertas actividades se lleven a cabo de forma transparente», resumió este martes ante el Parlamento Europeo la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, que advirtió que es «naïf» pensar que la democracia no necesita protección.
Quedan excluidas expresamente las actividades diplomáticas y consulares y, en general, las de asesoramiento legal; tampoco se cubriría la financiación a organizaciones de la sociedad civil que, aunque venga de países terceros, no esté relacionada con actividades de «lobby».
En la propuesta figuran también salvaguardias que evitarían abusos de derechos fundamentales, como el de asociación, o restricciones al espacio cívico: habrá una autoridad independiente que podrá solicitar excepciones a la publicación de determinados datos y las entidades tendrán siempre posibilidad de recurso si se les advierte de que han incumplido las normas.
Violar las normas conllevaría para las entidades, en cualquier caso, tan sólo sanciones administrativas y nunca criminales.
En paralelo, Bruselas hizo pública también una recomendación para reforzar la resiliencia de los procesos electorales con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, en un documento en el que instan a los Estados miembros a mejorar la ciberseguridad de la infraestructura electoral y promover medidas para que todo el mundo, incluyendo las personas con discapacidades, pueda acudir a las urnas. EFE
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