Empresas avisan del riesgo económico del proyecto de ley anti-LGBTIQ ugandés

Nairobi, 29 mar (EFE).- La coalición global de empresas Open For Business, que incluye compañías como Inditex o Google, pidió al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no ratifique el proyecto de ley anti-LGBTIQ aprobado por el Parlamento, ya que tendrá efectos negativos sobre la economía del país.

«El proyecto de ley es extremadamente preocupante para los negocios en toda la región (…). Tal como nuestras investigaciones han demostrado, las economías africanas necesitan un contexto más abierto y acogedor para todas las minorías, incluidas las minorías sexuales», señaló a través de un comunicado difundido hoy por la directora de la coalición para la vecina Kenia, Yvonne Muthoni.

Según Open For Business, que trabaja para la inclusión de esa comunidad, la aprobación de esa norma «dificultaría» que Uganda construya una economía «atractiva para inversores, turistas y trabajadores cualificados».

Asimismo, la ley «pondría a los empleadores ugandeses en una situación insostenible e inadmisible respecto al trato de los trabajadores LGBTIQ», añadió la alianza, que también incluye a empresas como Microsoft, Meta, Unilever, HSBC o American Express.

Según un informe enviado al Gobierno ugandés por Open For Business, «las investigaciones demuestran que las políticas diseñadas para excluir a minorías como la comunidad LGBTQ+ tienen un coste real, no sólo para las personas, sino también en el desempeño empresarial, así como en la competitividad económica nacional».

En Kenia, por ejemplo, la coalición empresarial calculó en un estudio de 2019 que la discriminación de ese colectivo costaba al país hasta 1.300 millones de dólares al año.

Asimismo, Open For Bussiness subrayó que «los mercados emergentes que son menos abiertos e inclusivos atraen menos inversión extranjera directa», al alertar de que los socios internacionales de Uganda, como Estados Unidos, podrían impulsar sanciones.

El parlamento de Uganda aprobó el pasado 21 de marzo un proyecto de ley que, entre otras medidas, contempla la pena de muerte para quien cometa «homosexualidad agravada», un amplio término usado para referirse a las relaciones carnales con un menor de edad y otros grupos vulnerables.

El proyecto propone también penas de hasta veinte años de cárcel para quienes mantengan relaciones carnales con personas del mismo sexo o, simplemente, se identifiquen como LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers).

Además, la ley obligaría a las compañías a denunciar ante las autoridades a sus trabajadores LGBTIQ, algo que viola «los estándares internacionales» y las «leyes de derechos humanos de los países» donde las citadas empresas tienen sus sedes.

Para que el proyecto sea introducido en el código penal debe ser ratificado por Museveni, que recientemente calificó a los homosexuales de «desviaciones de lo normal».

En 2014, el presidente ugandés ya aprobó una ley que pedía cadena perpetua para los homosexuales, pero el Tribunal Constitucional del país acabó anulando ese texto legal, condenado por numerosos países occidentales, tras argumentar que no hubo suficiente cuórum durante su votación en el Parlamento.

En la actualidad, en Uganda prevalece una ley de 1950 -el país se independizó del Reino Unido en 1962- que penaliza con hasta cadena perpetua las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, si bien no suele aplicarse.

De los cerca de setenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, más de treinta se encuentran en África, donde la mayoría de leyes de este tipo son herencia de la etapa colonial. EFE

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