Un preso de la Mara Salvatrucha pide a la justicia anular la ley antipandillas en Guatemala
Un miembro de la Mara Salvatrucha preso en Guatemala pidió a la máxima corte de justicia que anule una ley recién aprobada que declaró «terroristas» a las pandillas en el país centroamericano, informaron este miércoles autoridades y la prensa local.
El Congreso de Guatemala aprobó en octubre la nueva normativa -vigente desde el martes-, que eleva las penas a varios delitos cometidos por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y las declaró organizaciones «terroristas» como lo hizo Estados Unidos.
La petición a la Corte de Constitucionalidad fue planteada el viernes pasado por Dylan Archila, de 23 años, por medio del abogado Edgar Mazariegos, según el documento presentado en la corte y divulgado este miércoles en medios locales.
Una fuente de la corte constitucional confirmó a la AFP la veracidad del recurso interpuesto, mientras que una funcionaria del Ministerio del Interior señaló que Archila «se encuentra privado de libertad».
El pandillero argumenta que los diputados violentaron «los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica, y debido proceso» al aprobar la ley.
En la petición solicita que se le otorgue el amparo «para que se suspenda la vigencia» de la ley antipandillas.
Un comunicado publicado por la fiscalía en abril de 2023 señaló que Archila, integrante de la Mara Salvatrucha, fue condenado a seis años de prisión por el delito de extorsión.
El Congreso declaró «terroristas» a las pandillas en medio de una crisis de seguridad en el país después de que el gobierno revelara el escape de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital, en circunstancias hasta ahora no establecidas.
Aunque la norma endurece penas contra la extorsión, y la eleva hasta los 18 años de cárcel, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha descartado emular la «guerra» contra las pandillas del mandatario Nayib Bukele en El Salvador.
El modelo Bukele redujo los homicidios a mínimos históricos, pero es cuestionado por organismos de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias de miles de inocentes.
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