Víctimas de «falsos positivos» temen que caso en la JEP no arroje más verdad

Irene Escudero y Klarem Valoyes Gutiérrez

Bogotá, 18 feb (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 la cifra de víctimas de «falsos positivos», como se conoce en Colombia a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, pero los familiares temen que el caso no les traiga más verdad.

La JEP estableció hoy que por lo menos 6.402 personas resultaron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, situando la mayoría de casos durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

«Nosotros hemos planteado que las cifras son mucho más altas que las 6.402 personas que es lo que dice la JEP», asegura a Efe la portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Martha Giraldo, quien teme que el proceso iniciado por este juzgado no vaya a arrojar más verdad en el caso.

Los «falsos positivos», el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

«No es que nos asombren estas cifras, pero de alguna manera es gratificante que se den a conocer porque de esta manera se puede estar confirmando que en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron los casos», dice a Efe la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), Jacqueline Castillo.

Castillo se unió a MAFAPO en 2008 cuando su hermano, Jaime Castillo, quien desapareció en Bogotá el 10 de agosto de ese mismo año, apareció muerto dos días después en el departamento de Norte de Santander y fue identificado como «guerrillero dado de baja en combate».

LUCES Y SOMBRAS DEL PROCESO

La JEP abrió el Caso 3, que corresponde a «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», en julio de 2018 a partir del informe No. 5 de la Fiscalía General que entonces indicaba que hubo un total de 2.248 víctimas de «falsos positivos» entre 1988 y 2014.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.

La justicia especial reconoció que la cifra anunciada hoy difiere de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que «las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas», época que coincide con la Presidencia de Uribe.

Las llamadas «Madres de Soacha», por la cantidad de casos que se dieron en esa localidad vecina a Bogotá, valoraron el avance de la Jurisdicción que en los últimos tres años ha cotejado además los informes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que aportó un trabajo en el que se cuentan al menos 1.741 casos entre 1984 y 2011, y de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que entregó una base de datos que registra cerca de 1.257 víctimas entre 2006 y 2008.

«Por la justicia ordinaria no se veían mucho los avances, siempre se permitían que las audiencias fueran aplazadas y que se llegaran a los vencimientos de términos, mientras que en la JEP por lo menos están logrando avances y seguimos con nuestras esperanzas puestas allí», agrega Castillo.

Sin embargo, desde el Movice consideran que el proceso de la JEP va a servir a militares que ya han sido condenados por la justicia ordinaria para librarse de las penas de prisión, ya que la JEP no impone ese tipo de medidas, sino restricciones de movimiento de otro tipo.

«Lo que se necesita es ir mucho más allá, en la responsabilidad del Ejecutivo, en quiénes eran esos altos mandos del Ejército que tuvieron la responsabilidad», alega Giraldo, quien teme que el «pacto de silencio» evidenciado entre los cuadros militares vaya a impedir su progreso.

La JEP desveló, recuerda el Movice, recientemente un documento en el que revela una estrategia del Ejército donde les dicen a los militares que se han acogido a la justicia especial qué decir y cómo decirlo, y se les recomienda no hablar sobre la responsabilidad de altos mandos.

«Yo no quiero ir allá para que ellos digan que lo asesinaron, eso ya lo sabemos; tampoco voy a ir allá para que me digan las circunstancias en la que lo hicieron; no quiero que me relaten nada de lo que ya se estableció en el proceso penal en la justicia ordinaria (…) el aporte que tendrían que hacer es en términos de la implicación que tuvieron militares de alto rango en ese caso», alega Giraldo.

OSCURO PERIODO DEL CONFLICTO ARMADO

Las víctimas de «falsos positivos» fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, y posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.

Giraldo recuerda que los militares tenían hasta reclutadores pagados por la cartera de Defensa en las zonas más desfavorecidas, en un esquema criminal que les llevaba a ejecutar a personas inocentes a cambio de los incentivos y recompensas recogidas formalmente en una directiva firmada en 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina.

LAS VÍCTIMAS SON MUCHAS MÁS

Aunque las cifras documentadas por la JEP son superiores a las registradas por la justicia ordinaria, es normal que las víctimas no reciban este nuevo informe con sorpresa porque ellas siempre han hablado de hasta más de 10.000 casos en el país.

«Sabemos, porque los magistrados (de la JEP) así no los han manifestado, que ellos no van a poder documentar caso por caso. Son muchos más casos en Colombia y probablemente muchos casos van a quedar en la impunidad (…) y con seguridad sabemos que son más de 10.000 víctimas», dice Castillo.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso, han rendido versión el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, y el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; así como 51 soldados; 38 suboficiales; 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes); 10 oficiales con rango de Mayor, y 7 con rango de coronel.

Gracias a estas diligencias la JEP ha podido recuperar los cuerpos de 71 personas que presuntamente habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, las víctimas acreditadas en el caso siguen esperando que los militares «aporten verdad plena» sobre los crímenes de cientos de jóvenes cuyos cuerpos siguen perdidos en fosas comunes.

«Sería interesante que pudieran aportar en qué casos más participaron, dónde están enterrados los muchachos. Sabemos que hay muchas fosas comunes en Colombia que muy probablemente la gran mayoría son ejecuciones extrajudiciales», agrega Castillo. EFE

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