Víctimas de guerra contra las drogas rechazan la libertad provisional de Rodrigo Duterte

(Actualiza con comunicado de la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo)

Manila, 13 jun (EFE).- Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas mostraron este viernes su rechazo a la petición urgente de libertad provisional del expresidente Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional (CPI), descrita por la abogada Kristina Conti como «un jarro de agua fría».

«Fue como si me hubieran echado un jarro de agua fría, sobre todo cuando leí que el fiscal no se opondrá a la liberación provisional de Duterte», afirmó en la red social X Conti, una de las representantes de los familiares de víctimas.

La defensa del expresidente, detenido el pasado marzo por orden de la CPI y a la espera en La Haya de ser juzgado por crímenes contra la humanidad, pidió ser puesto en libertad provisional en una moción urgente presentada el jueves ante el tribunal internacional.

El principal abogado de Duterte, Nicolas Kaufman, señaló que un país que no ha sido identificado públicamente ha acordado mantener al expresidente en su territorio si éste es liberado provisionalmente antes del juicio, que arrancará el 23 de septiembre.

Kaufman señaló que la fiscalía de la corte internacional confirmó su no oposición a la puesta en libertad condicional, y añadió como una «razón humanitaria de peso» que Duterte tiene 80 años, según la versión ampliamente expurgada de la moción hecha pública por la CPI.

La Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL), a la que pertenece Conti, criticó en un comunicado las «imprecisas garantías de un Estado no identificado», y subrayó la ironía de que Duterte pida unas medidas cautelares que su régimen nunca concedió a los asesinados en la guerra contra las drogas.

La organización denunció además que Duterte mantiene una poderosa red de contactos políticos y «no ha perdido su poder de repente», lo que le permitirían escapar de la justicia si es puesto en libertad.

Conti, tras consultar con las familias de las víctimas a las que representa, afirmó que la puesta en libertad provisional por razones humanitarias ligadas a su estado de salud no es necesaria.

«Creemos que el centro de la CPI (en el que está detenido) es capaz de proveerle asistencia médica», dijo en declaraciones a la radio filipina DZMM, aunque reconoció que la versión de la moción a la que tuvieron acceso está «muy expurgada» y por el momento desconocen los argumentos específicos de la defensa de Duterte.

En todo caso, la abogada señaló que el expresidente filipino fue declarado en condiciones para participar en el juicio tras ser examinado por un médico del tribunal, antes de comparecer el 14 de marzo ante la CPI.

Duterte fue arrestado en Filipinas el pasado marzo, después de que la CPI lo acusara del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas. Durante su mandato (2016-2022) murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000. EFE

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