Vicepresidente de Argentina aboga por que la CIJ gestione conflicto por deuda con EEUU
El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, defendió este lunes en México la demanda que su país presentó contra Estados Unidos por el caso de los fondos especulativos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), cuya competencia no es admitida por Washington.
Tiene que ser una «discusión entre naciones y no como si fuera una discusión de una empresa en un juzgado comercial (…) Es una cuestión de soberanía de las naciones», argumentó Boudou en el Congreso de México, donde participó de una reunión entre parlamentarios argentinos y mexicanos.
Boudou, que no quiso hacer declaraciones sobre los dos procesos que enfrenta ante la justicia argentina, aseguró que su gobierno «mantiene el diálogo» y apuesta por una solución que sea «legal, equitativa y sustentable».
Por su parte, Estados Unidos descartó el viernes que vaya a acudir a la CIJ, donde Argentina presentó una demanda acusando a Washington de permitir violaciones a su soberanía e inmunidades en el caso de los fondos especulativos.
El vicepresidente argentino dijo a sus contrapartes mexicanos que si bien este asunto de soberanía está actualmente enfocado en Argentina, el sistema financiero puede llevarlo a otros países.
Apeló a que América Latina, que representa una «economía real», tenga «voz frente a la economía financiera» porque estas «burbujas» que periódicamente aparecen en el mundo «no son más que la expresión de un sistema económico que no funciona».
Argentina se encuentra en default parcial de su deuda desde el 30 de julio tras el fracaso de sus negociaciones con los fondos especulativos.
El juez de Nueva York Thomas Griesa falló a favor de los fondos especulativos, que Argentina llama «buitres», porque compraron la deuda en default, para que cobren 1.330 millones dólares en bonos de la deuda, y ordenó que el pago se haga en simultáneo al vencimiento de los bonos de deuda reestructurada.
Argentina se niega a acatar el fallo aduciendo que ello disparará millonarios juicios en su contra. Así, los acreedores con deuda reestructurada no han podido cobrar el pago que venció el pasado 30 de julio, y el país fue declarado en «default selectivo» por dos agencias calificadoras de riesgo.