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Astori: Uruguay encara con “tranquilidad” denuncia argentina por aumento de producción en pastera

El vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, en la apertura del Foro Económico de América Latina y el Caribe en París el 30 de junio del 2014 afp_tickers

El vicepresidente Danilo Astori afirmó el lunes que Uruguay encara con “total tranquilidad” la denuncia argentina ante la justicia internacional por los presuntos riesgos ambientales del aumento de la producción en una planta de celulosa sobre un río limítrofe.

“Vemos el caso con total serenidad, con total tranquilidad. Estamos absolutamente seguros de haber hecho las cosas bien”, dijo Astori a la AFP al margen de un Foro económico sobre América Latina que se desarrolla en París.

“La justicia internacional lo determinará. Vamos muy tranquilos [a la Corte Internacional de Justicia de La Haya], porque hemos tenido el máximo cuidado posible con el ambiente, no hemos alterado ningún acuerdo”, agregó.

El gobierno argentino consideró como un “gesto inamistoso” la reciente autorización por parte de Uruguay del aumento de la producción de la planta de la finlandesa UPM (ex Botnia) sobre el Uruguay, un río de administración compartida entre ambos países, y decidió llevar el caso ante la CIJ.

Pero para Astori, fue una decisión “absolutamente normal”, pues es el aumento de producción de una empresa con las tecnologías mas avanzadas “en el cuidado ambiental”.

En 2011, UPM solicitó un permiso para aumentar la producción de 1,1 millones a 1,3 millones de toneladas anuales. En octubre de 2013, el gobierno del presidente uruguayo José Mujica autorizó la producción de 1,2 millones en “carácter provisorio, revocable”.

La planta, que funciona desde 2007, está ubicada en la ciudad de Fray Bentos, limítrofe con Argentina. Desde su construcción, ha sido objeto de una dura controversia con Argentina, donde ambientalistas bloquearon durante casi cuatro años, hasta 2010, el tránsito en el puente internacional bilateral Gualeguaychú-Fray Bentos.

Argentina llevó el caso ante la CIJ, que rechazó en 2010 su demanda de relocalizar la fábrica, afirmando que no hay pruebas de que contamine, pero ordenó que ambos países controlen de forma conjunta el impacto ambiental en el río.

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