La Comisión Europea propuso este miércoles una "gran revisión" de los procedimientos de homologación de vehículos en la Unión Europea (UE), que contempla importantes multas a los constructores que incumplan las reglas, para evitar escándalos como el de Volkswagen.

"La Comisión propone una gran revisión de las homologaciones" de vehículos para "corregir los fallos del sistema", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Después del episodio Volkswagen "era evidente que la Comisión debía dotarse de un poder de supervisión", dijo la comisaria europea para la Industria, Elzbieta Bienkowska, en una conferencia de prensa. "Cuando el caso estalló, la Comisión no tenía ningún poder para intervenir (...) ni incluso preguntar a los Estados miembros lo que sucedía", señaló.

Según la propuesta de la Comisión, los constructores que incumplan las reglas o engañen en las homologaciones podrían verse multados con hasta 30.000 euros por vehículo no conforme, sin que este monto constituya una compensación para el consumidor.

Es más o menos el equivalente de lo que piden las autoridades estadounidenses que acusan a Volkswagen de haber equipado 600.000 vehículos diésel con un dispositivo para engañar las mediciones y reclaman daños y perjuicios por 20.000 millones de dólares.

La Comisión también quiere que cada Estado miembro pueda llamar a revisión a los vehículos que no cumplan las normas, lo que por ahora es sólo posible si lo autoriza quien homologó el coche.

Bruselas quiere mantener sin embargo el principio de "confianza mutua" dentro del bloque, que permite que un modelo de vehículo que obtuvo su homologación en un Estado miembro tenga la autorización de circular en toda la UE. La Comisión anunció además que vigilará a los reguladores de los países miembros con controles aleatorios realizados por equipos comunitarios.

Para Bruselas, las multas deben poder aplicarse a los servicios técnicos encargados de verificar la conformidad con la ley, y pide una mayor independencia de estas estructuras designadas por las autoridades nacionales y pagadas ahora directamente por los constructores.

Con esta propuesta, quiere por lo tanto poder interferir en el proceso de designación de esos servicios, promete auditorías independientes y sobre todo modificar el sistema de pago, imponiendo que éstos se hagan a nivel de cada país, que administrará un fondo común para remunerar los controles y ensayos.

La propuesta deberá ser estudiada por el Parlamento Europeo y por el Consejo, que representa a los 28 Estados miembros, que pueden modificarla o rechazarla antes de su eventual adopción.

Desde el escándalo Volkswagen la Comisión empuja por la aplicación rápida de nuevas pruebas de homologación de motores, en particular sobre las emisiones de gases contaminantes, en condiciones de conducción reales para paliar ensayos en laboratorio considerados como incompletos. "Es un buen primer paso para hacer que la homologación de los nuevos vehículos en el mercado sea más exigente e independiente. La Comisión debería ahora mostrar la misma determinación sobre las emisiones en condiciones de conducción real", comentó el eurodiputado liberal Gerban-Jan Gerbrandy.

El grupo de los Verdes en la Eurocámara también saludó una primera etapa contra "un conflicto de intereses evidente, que se resume en un autocontrol de los fabricantes de automóviles".

"Un dispositivo de control a nivel europeo (...) deberá concretarse en la creación de una agencia europea independiente competente en la materia", dijo Karima Delli, miembro de la comisión de investigación de la Eurocámara sobre el escándalo Volkswagen.

Los representantes de los fabricantes europeos de automóviles (ACEA) indicaron este miércoles que se daban tiempo para estudiar "en detalle las implicaciones para la industria" de estas propuestas.