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El primer ministro rumano, Sorin Grandeanu, anuncia que el Gobierno cancelará el polémico decreto que suavizaba las penas contra la corrupción, en Bucarest el 4 de febrero de 2017

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El primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, superó este miércoles una moción de censura en el Parlamento, después de una semana de protestas sin precedentes, tras intentar imponer un polémico cambio de la legislación anticorrupción.

Para destituir al socialdemócrata (PSD) Grindeanu, de 43 años, la oposición liberal debía reunir 233 votos, pero solo consiguió 161.

Grindeanu asumió el poder hace apenas dos meses y se mostró decidido a mantenerse en el poder "como un deber ante la confianza popular ganada en las urnas".

Con poca experiencia, el primer ministro sufrió las mayores manifestaciones en la historia de Rumanía desde la caída del régimen comunista, a finales de 1989.

Aunque su gobierno retiró el domingo el polémico decreto, que modificaba el código penal y habría permitido que varios políticos acusados de corrupción se libraran de la justicia, la indignación de los opositores al gobierno no decrece.

La tensión política tampoco afloja en la cúpula del Estado. El presidente del país, Klaus Iohannis, de centroderecha, instó al gobierno a dimitir para "solucionar la crisis".

"La abrogación del decreto y una posible destitución del ministro de Justicia no son suficientes", juzgó el martes el presidente en un discurso ante los diputados.

La salida a la crisis está en "el interior" de la mayoría de izquierda, insistió, dando a entender que la solución es la dimisión del actual gobierno y el nombramiento de un nuevo equipo por parte del PSD.

Iohannis aumenta así la presión contra el jefe de los socialdemócratas, Liviu Dragnea, que pasa por ser el verdadero hombre fuerte del poder rumano.

- Dos campos, frente a frente -

El jefe del PSD, que también preside la cámara de diputados, cristaliza la cólera de miles de manifestantes para quienes representa una clase política rumana totalmente desacreditada.

Una condena a dos años de cárcel condicional por fraude electoral impidió a Dragnea convertirse en primer ministro, que actualmente está siendo juzgado por empleos ficticios. El controvertido decreto gubernamental habría borrado de un plumazo sus problemas judiciales, denuncian los opositores.

La moción de censura depuesta por 123 diputados del Partido Nacional Liberal (PNL) y de la Unión Salvad Rumanía (USR) llamaba al gobierno a "no legalizar el robo". "Los rumanos no quieren que los hombres políticos corruptos sean indultados y sean inmunes a la justicia", criticaba el texto.

Como el presidente Iohannis, muchos manifestantes consideran que es el propio PSD el que tiene que encontrar una solución a la crisis.

"El gobierno Grindeanu tiene que irse pero hay suficientemente gente competente en el PSD para formar otro gobierno", declaró a AFP una manifestante en Bucarest, Luminita Dobrescu, de 64 años, que ha trabajado en la administración local.

El martes por la noche, unos 3.000 manifestantes, según los medios, se congregaron delante de la sede del gobierno, al grito de "¡día tras día, estaremos aquí!".

Por su parte, los partidarios de los socialdemócratas, que cuentan con una sólida base electoral en las zonas rurales, también empezaron a movilizarse.

Por cuarto día consecutivo, fueron convocados a manifestarse el miércoles delante del palacio presidencial, donde acusan al jefe de Estado de haber "sembrado la discordia" al incitar las protestas contra el gobierno.

AFP