El yihadismo en España, una amenaza sigilosa, pero real
Los últimos atentados yihadistas en Europa golpearon Francia y Austria, pero al igual que todo el continente, España sigue en la mira del islamismo radical y la amenaza es “severa”, advierten autoridades y analistas.
La cuestión volvió a la actualidad mediática al hilo del juicio en curso por los atentados yihadistas de agosto de 2017, que dejaron 16 muertos en Barcelona y en la localidad costera catalana de Cambrils. Se espera que dure hasta el 16 de diciembre.
También se sucedieron los detenidos en las últimas semanas, el último de ellos un imán marroquí que, según la policía, prestó en 2018 “apoyo logístico” a un combatiente del grupo Estado Islámico (Daesh por sus siglas en árabe) para que desde Siria se instalara en España.
Desde 2015, España se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista sobre una escala de 5, sinónimo de riesgo alto de atentado.
En un reciente foro organizado por el Real Instituto Elcano, un ‘think tank’ con sede en Madrid, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, definía el yihadismo como “la principal amenaza terrorista para nuestro país y la comunidad internacional en su conjunto”.
Y enfatizaba que la respuesta tiene dos patas: una en España y otra en el Sahel, especialmente en Malí, “centro de la amenaza terrorista”, donde Madrid viene desplegando una política de adiestramiento de militares, colaboración diplomática y ayuda al desarrollo económico.
– “Propaganda permanente” –
Aunque la percepción popular es que el asunto “ha ido a menos” –entre otros por la desaparición del ‘califato’ del grupo Estado Islámico en Irak y Siria– la realidad es que “la amenaza tiene un nivel severo”, afirma Manuel R. Torres, catedrático de Ciencia Política en la sevillana Universidad Pablo de Olavide.
La situación, incide este experto en yihadismo, obliga a una “importante actividad contraterrorista” en España, donde, según el ministerio del Interior, fueron detenidos más de 30 individuos en 2020 por estos delitos.
Entre los más recientes figuran, por ejemplo, dos individuos que enviaban remesas a Daesh en Siria, y una joven española rápidamente radicalizada que mandó a ese mismo grupo yihadista cerca de 5.000 euros (6.060 dólares) y pretendía viajar a territorio sirio para casarse con un militante al que conoció en redes sociales.
“Las razones [para la acción violenta] siguen siendo las mismas que hace cinco o diez años”, es decir, un “consumo de propaganda permanente” y las relaciones interpersonales de la galaxia yihadista, “determinantes a la hora de pasar de la radicalización cognitiva al empleo de la violencia”, apunta Manuel R. Torres.
La cuestión de las relaciones personales es una de las claves del juicio por los atentados en Cataluña, ya que la célula, casi todos ellos jóvenes marroquíes residentes en España, estaba formada por cuatro parejas de hermanos, radicalizados por un imán.
El juicio ha resultado sin embargo deslucido, y es que como los autores materiales murieron o fueron abatidos por la policía, los procesados son tres presuntos colaboradores que en sus respectivos turnos de palabra se remitieron a sus declaraciones en fase de instrucción.
“El juicio traerá muchas frustraciones”, pues entre la parquedad de los acusados y la decisión del juez de desestimar preguntas de fondo sobre el proceso de radicalización sufrido, “es muy difícil que se abran nuevas líneas de trabajo”, incide la periodista Anna Teixidor, autora de una extensa investigación sobre los atentados, “Los silencios del 17-A”.
– La difícil tarea de desradicalizar –
Desde los atentados de Al Qaida el 11 de marzo de 2004 en Madrid, la mayor matanza yihadista en Europa con 191 muertos, fueron detenidos en España unos 870 individuos por ese tipo de delitos, según datos oficiales. Una cifra que anuncia un tremendo desafío para el Estado.
“El alto número de individuos radicalizados, de dinamizadores, de reclutadores y de sujetos puestos en libertad” tras cumplir pena “hace imposible que estos puedan ser monitorizados de manera efectiva” y exige una mejor evaluación de riesgos, abunda Román Echaniz, colaborador del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
Desde 2004, España aplica un programa de seguimiento del yihadismo en sus cárceles, donde hay actualmente 119 presos, entre condenados y personas en prisión preventiva a la espera de juicio.
El programa vigila si determinados internos condenados por delitos comunes están haciendo proselitismo yihadista, o si algunas personas vulnerables son objeto de reclutamiento. En 2018 se desmanteló así una red de captación y adoctrinamiento con 25 reclusos implicados.
Desde 2016 hay también programas voluntarios de desradicalización en las prisiones.
Pero su eficacia es limitada, porque “es muy difícil que reconozcan el delito” por el que fueron condenados, al haberlo cometido en nombre de su fe, admite a AFP una fuente de la administración penitenciaria.
