Exdictador de Surinam apela condena por ejecución de opositores
El expresidente de Surinam Desi Bouterse declaró este viernes en el inicio de un juicio de apelación a su condena de 20 años por la ejecución de opositores cuando encabezaba una dictadura militar.
Bouterse fue hallado culpable por una corte marcial por la muerte de 15 oponentes políticos, incluidos abogados, periodistas y empresarios, en diciembre de 1982, dos años después de hacerse con el poder a través de un golpe de Estado.
“Nunca hubo premeditación para matar gente”, dijo Bouterse al presidente del Tribunal Superior, que en el primer día del proceso preguntó al condenado las razones por las que apela el fallo.
El tribunal juzgará además la apelación de otros cuatro exmilitares condenados.
El juicio contra Bouterse comenzó en 2007 y se extendió por 12 años hasta su condena en rebeldía en 2019, pues nunca compareció al proceso. El exmandatario logró que la justicia reconsiderara el caso en enero de 2020, pero un año después ratificó la sentencia.
Su defensa insiste en que las víctimas fueron retenidas por planear un contragolpe con la ayuda de la CIA y murieron por disparos recibidos cuando trataban de escapar.
En esta apelación, que continuará el 17 de agosto, el abogado de Bouterse llamará a siete testigos, que ya declararon, pero cuyo testimonio consideran debe ser escuchado otra vez por el tribunal.
El excomandante aún no ha cumplido tiempo tras las rejas ya que según la ley de Surinam no puede ser arrestado hasta haber agotado todos los recursos legales disponibles.
Bouterse, de 76 años, llegó al poder con 34 siendo un sargento mayor del Ejército. Se retiró en 1987 bajo la presión internacional, pero volvió al poder en 1990 tras un segundo golpe, esta vez sin derramamiento de sangre.
Dejó el cargo un año más tarde antes, y fue elegido presidente en 2010.
En 1999 un tribunal holandés -antiguo colonizador de Surinam- sentenció a Bouterse a 11 años de prisión en rebeldía por tráfico de cocaína, otra acusación que rechaza.
Su hijo, Dino Bouterse, cumple actualmente una sentencia de 16 años en Estados Unidos por tráfico de drogas y ayudar al movimiento armado libanés Hezbolá a implantar una base en Surinam.
En 2020 perdió su reelección frente al jefe de la oposición, Chandrikapersad Santokhi, en este país exportador de oro y petróleo.
