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Reforma tributaria es resistida en Puerto Rico, sumido en la crisis

David Bernier, secretario de Estado de Puerto Rico, el 9 de febrero de 2015 en San Juan afp_tickers
Este contenido fue publicado el 05 marzo 2015 - 19:19
(AFP)

Las protestas se multiplican en Puerto Rico contra la propuesta de reforma tributaria y fiscal del gobierno, que incluye un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%, en medio de una crisis económica que tiene a la isla al borde del default.

Miles de estudiantes, trabajadores y profesionales han tomado las calles para rechazar la sustitución del actual Impuesto sobre el Valor y Uso de 7% por el IVA, que además gravará renglones ahora exentos, como servicios educativos privados, medicamentos y bienes en general, incluidos los inmuebles.

Además de comerciantes, y sindicalistas y religiosos, la propuesta es antagonizada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), principal de oposición, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), entre otros.

Incluso dirigentes del oficialista Partido Popular Democrático (PPD) han alzado la voz contra los planes del gobernador Alejandro García Padilla, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien ha pedido al dirigente sentarse a repensar la reforma del sistema tributario de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes.

La reforma es estudiada en la Asamblea Legislativa puertorriqueña, y aunque parece poco probable que se apruebe este mes tal y como se preveía, debe concretarse antes del fin del año fiscal el 30 de junio.

La alcaldesa de la capital, del ala soberanista del PPD que aspira a una nueva relación del estado libre asociado norteamericano con Washington, dijo a la AFP que el IVA busca que la isla pueda "cumplir con los bonistas" a costa de una nueva carga fiscal para los ciudadanos.

La deuda pública de Puerto Rico asciende a 73.000 millones de dólares.

"El IVA es bueno para el gobierno y malo para la gente", subrayó Cruz Soto.

- Salvavidas antibancarrota -

García Padilla defiende el cambio tributario como la manera de salvar a Puerto Rico de un inminente default, ya que al terminar el año fiscal el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) podría quedarse sin liquidez, e incluso maneja la posibilidad de una emisión de bonos de 3.000 millones de dólares.

Ante la incertidumbre de la reforma, diversas casas crediticias como Moody’s, Fitch y Standard & Poor's han degradado la nota crediticia del gobierno y las corporaciones públicas puertorriqueñas, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en proceso de negociación de su deuda con los bonistas ante su insolvencia.

El gobierno se propone recaudar con el IVA 1.200 millones de dólares anuales.

El estudio que sirvió de base a la reforma, encomendado a la firma KPMG a un costo de 4,15 millones de dólares, se conoció solo hace tres semanas luego de que lo ordenó un tribunal a pedido de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

El senador oficialista Ramón Luis Nieves estimó que García Padilla debe sentarse lo antes posible, tal como lo reclaman otros sectores en el partido gobernante y la oposición, a renegociar la deuda con los bonistas.

Países como Argentina, dijo, han conseguido levantarse después de renegociar su deuda con los bonistas, por lo que en Puerto Rico no debería verse esto como un estigma, sino como una vía para la solución de la crisis económica.

El director del independiente Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, estimó que el proyecto es un intento serio de transformar el sistema tributario y que la implantación del IVA sería el primer paso hacia una reforma estructural de la economía de Puerto Rico.

El gobierno debe elegir entre cumplir con los bonistas, ofrecer un alivio a los contribuyentes de Puerto Rico o concentrarse en hacer crecer la economía, indicó el director del centro de análisis.

"Las tres cosas a la vez son incompatibles", dijo. El gobierno debería concentrarse en el crecimiento económico porque con ello "se logran las otras dos", agregó.

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