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AI denuncia que el Gobierno de Kenia usó troles contra las protestas de la generación Z

Nairobi, 19 nov (EFE).- Las autoridades de Kenia habrían utilizado troles de manera sistemática en las redes sociales para reprimir las protestas lideradas por jóvenes de la generación Z entre junio de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado este miércoles.

El informe, titulado “Este miedo todos lo sienten: Violencia facilitada por la tecnología contra jóvenes activistas en Kenia”, documentó el uso coordinado de tácticas de acoso en línea, desinformación y campañas de desprestigio para silenciar las manifestaciones contra la corrupción y la aprobación de nuevas leyes tributarias.

“Nuestro análisis de la actividad en línea durante varias oleadas de protestas en 2024 y 2025, junto con entrevistas a jóvenes defensores de los derechos humanos, demuestra tácticas generalizadas y coordinadas en plataformas digitales para silenciar y reprimir a los activistas jóvenes, incluyendo amenazas en línea, comentarios intimidatorios, lenguaje abusivo, difamación y desinformación dirigida”, afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard,

Según el informe, estas campañas fueron impulsadas por troles patrocinados por el Estado, individuos y redes de personas pagadas para promover y amplificar mensajes a favor del Gobierno, con el objetivo de posicionarlos entre las principales tendencias diarias de la red social X.

Entre junio de 2024 y julio de 2025, jóvenes de la denominada Generación Z lideraron protestas contra los impuestos propuestos sobre bienes y servicios esenciales y también organizaron movilizaciones dentro y fuera de internet para exigir el fin del feminicidio y la corrupción.

Las protestas se registraron en 44 de los 47 condados de Kenia, incluidos Nairobi (capital), Mombasa (este) y Kisumu (oeste).

AI afirmó que las autoridades respondieron con intimidación en línea, amenazas, incitación al odio y vigilancia, lo que afecta a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

El documento también indicó que estas tácticas sirvieron para justificar arrestos, desapariciones forzadas y homicidios de líderes de protesta, donde el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad causó al menos 128 muertes, 3.000 detenciones y más de 83 desapariciones forzadas.

Troles pagados

De los 31 defensores entrevistados, nueve recibieron amenazas violentas a través de mensajes directos y públicos en X, TikTok, Facebook y WhatsApp durante las protestas de 2024.

El informe destacó que los ataques se coordinaban mediante redes de troles estatales que difundían mensajes de odio para desacreditar a los activistas.

El informe incluye el testimonio de un hombre que afirmó formar parte de un equipo que cobraba entre 25.000 y 50.000 chelines kenianos (unos 180 y 370 euros) al día para ampliar los mensajes del gobierno y contrarrestar las etiquetas de protesta que eran tendencia en redes sociales.

“Siempre que publicas algo sobre un ministerio o una persona, envían lo que llamamos los ‘blogueros 527’, pagados por el gobierno para insultarte y deshumanizarte”, relató Joshua, líder estudiantil que sobrevivió a una desaparición forzada.

Campañas coordinadas

En abril de 2025, troles supuestamente apoyados por el Estado utilizaron la campaña “#ToxicActivists” para atacar a la periodista keniana Hanifa Adan, después de su participación en el documental de la BBC “Blood Parliament” (“Parlamento de sangre”), que investigó el tiroteo de varios manifestantes el 25 de junio de 2024 y la presunta implicación del ejército keniano.

Mujeres que participaron en las protestas contra los feminicidios en el país denunciaron comentarios misóginos, amenazas, difusión de imágenes íntimas generadas por inteligencia artificial y difamación con el objetivo de silenciarlas.

“Amnistía Internacional insta al Gobierno de Kenia a que cese la violencia estatal facilitada por la tecnología contra manifestantes pacíficos y organizaciones de la sociedad civil”, señaló la organización.

Respuesta oficial

El secretario del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, declaró que “el Gobierno no respalda el acoso ni la violencia contra ningún ciudadano. Todas las agencias de seguridad deben actuar estrictamente dentro de la Constitución y la ley, y cualquier oficial implicado en conducta ilegal será investigado y sancionado”.

Sin embargo, AI señaló que la falta de investigación sobre denuncias creíbles de vigilancia y desapariciones forzadas generó un efecto de intimidación que limitó la libertad de expresión y la protesta pacífica.

Algunos activistas afirmaron que la compañía de telecomunicaciones Safaricom habría permitido la localización de manifestantes por parte de unidades policiales clandestinas, algo que la empresa negó.

“Las autoridades kenianas también deben investigar las desapariciones forzadas, los asesinatos ilegales y las denuncias de vigilancia ilegal durante las protestas de la generación Z. Las víctimas del uso ilegal de la fuerza y ​​los familiares de las personas fallecidas deben recibir una compensación adecuada”, concluyó AI. EFE

aam/fpa

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